La Unión Europea (UE) impuso este lunes 29 de junio sanciones a 11 venezolanos, en su mayoría por acciones contra la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos Luis Parra, que disputó la presidencia del parlamento de mayoría opositora a Juan Guaidó en enero.
La decisión, publicada en el Diario Oficial de la UE, eleva a 36 el número de personas sancionadas por, a juicio del bloque, socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, país sumido en una crisis política y económica.
En enero, Parra, un opositor acusado de corrupción en relación con un programa de de distribución de alimentos del gobierno de Maduro, se había proclamado jefe legislativo, en paralelo a la reelección de Guaidó en la unicameral Asamblea Nacional.
La UE rechazó en junio su ratificación como presidente del parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea chavista, al considerar que «la sesión de votación que condujo a la ‘elección’ de Luis Parra no fue legítima».
Los europeos prohíben también viajar al bloque y congelan los activos a Franklyn Leonardo Duarte y José Noriega, diputados opositores enfrentados a Guaidó y quienes se proclamaron en la polémica votación como primer y segundo vicepresidentes.
Los europeos también sancionan a Gladys del Valle Requena y Tania Valentina Díaz González, responsables de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por «privar» de su «inmunidad parlamentaria» a Juan Guaidó.
Por acciones contra el proclamado presidente interino de Venezuela, reconocido por unos 50 países, la UE impone las mismas medidas restrictivas a Elvis Hidrobo Amoroso, ex vicepresidente de la ANC y contralor general.
El segundo vicepresidente del TSJ, Juan José Mendoza, y los fiscales del tribunal especial primero de primera instancia de Venezuela, Farik Karin Mora y Dinorah Yoselin Bustamante, son también blanco de sanciones por acciones contra la oposición.
La lista se completa con José Adelino Ornelas Ferreira, secretario del Consejo de Defensa de la Nación al que la UE acusa de reprimir a la oposición, y con Jorge Elieser Márquez, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por limitar el derecho a la información.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto también un embargo de armas. Las medidas, que son «reversibles», buscan promover una solución pacífica a la crisis en el país.
Los 27 países, cuya política exterior se decide por unanimidad, son reticentes a elevar la presión al máximo, con sanciones a Maduro, para no cerrar canales diplomáticos, pese a que Estados Unidos y los opositores le piden una posición más dura.
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