¿Aumentarán precios de bienes y servicios culturales por nueva Ley?

A pesar de las discusiones públicas que se llevaron a cabo en algunos sectores en torno a la Ley de Cultura a través del parlamentarismo de calle, luego de su aprobación las señales de alarma permanecen encendidas entre empresarios, artistas, cultores y ciudadanos que disfrutan de las organizaciones culturales.

Gestores culturales, representantes de fundaciones que hacen vida de la cultura empresario e, incluso, políticos han cuestionado los términos en los que se enmarca la normativa legal y lo que podría la restricción por parte del Estado de la vida cultural del venezolano.

Fondo Nacional para la Cultura podría afectar el bolsillo del venezolano

Una de las novedades de la Ley que más preocupa a personas naturales y jurídicas es la creación del Fondo Nacional para la Cultura, que funcionará a partir de la recaudación de 1% de las ganancias netas de las empresas cuya ganancia anual supere 20 unidades tributarias.

Además, aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividades artísticas y culturales con fines de lucro tendrán que destinar a dicho Fondo 1% de la ganancia de cada evento o actividad.

El exdiputado ante la Asamblea Nacional Leonardo Palacios advierte que esta imposición podría afectar el bolsillo de los venezolanos, pues las fundaciones y empresas deberán aumentar el precio de los bienes y servicios culturales.

Monopolio cultural

Tanto legisladores como personas ligadas a la cultura ven la posibilidad de que al aplicar la nueva Ley se vea cercenado el derecho a la libre creación. Algunos incluso temen que se pudiera imponer la censura como mecanismo para establecer un “monopolio cultural del Estado”.

El sociólogo Tulio Hernández, experto en cultura y comunicación, considera que de acuerdo con los nuevos lineamientos de la normativa legal el Estado podría implementar una regulación de contenidos, en aras de imponer determinadas tendencias ideológicas.

En su opinión, esto representaría la aplicación de censura de manera más contundente de lo que se hace por medio de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Además, insiste en que, con ello, se estaría “atentando contra la esencia misma de la cultura”.

Además de la imposición de tendencias de pensamiento, Hernández alerta sobre la posibilidad de que artistas y cultores pudieran verse excluidos de las actividades culturales por razones ideológicas.

Estatización de la cultura

Diana López, directora ejecutiva de la Gestión Cultural del municipio Chacao, quien además preside varias fundaciones culturales de la entidad, considera que la recién aprobada Ley de Cultura es “centralista y radical”. En su opinión, con la implantación de la norma legal se promoverá la “estatización” de la expresión cultural libre a la que tienen derecho los venezolanos por mandato constitucional.

Según lo establecido en la Carta Magna, el papel del Estado es como garante de la cultura y su principal objetivo es fomentar las condiciones y presupuestos para las actividades culturales. López considera preocupante la incorporación en varios artículos de la Ley de la figura del Estado como “regulador de la cultura”, cuando la Carta Magna en su artículo 99 “reconoce la autonomía de la administración cultural pública”.

Quienes hacen vida en el ámbito cultural temen que la centralización propuesta en la nueva normativa jurídica acabe por eliminar las competencias de los gobiernos municipales y locales en las actividades y fundaciones culturales.

Globovisión