El futuro de Venezuela se debate entre lo político y lo económico

En dos escenarios paralelos se puede observar el desenvolvimiento de la situación actual del país: El político y el económico. Dependiendo de a cuál de ellos se le dé prioridad, así resultarán las proyecciones que puedan realizarse.

En el ámbito político la atención se concentra en las dudas acerca de la posibilidad del diálogo, la fijación de fechas electorales (para el revocatorio y las elecciones regionales) y la gestión pública, bajo una fuerte presión por el desarrollo de la crisis.

Múltiples factores inciden en que se lleve a cabo una posible negociación institucional entre la oposición y el Gobierno, más aún cuando la Mesa de la Unidad acaba de establecer las condiciones específicas bajo las cuáles aceptaría dialogar, sin que esto signifique dejar de lado la demanda por la fijación de la fecha para recolectar el 20% de las firmas que activarían definitivamente el revocatorio presidencial.

Desde hace un tiempo se acumulan presiones para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre los pasos restantes para la convocatoria al referendo revocatorio y la fecha de las elecciones parlamentarias, en un tablero en que los partidos políticos ejercen presiones.

De igual forma, se multiplican las hipótesis respecto al esquema planteado desde el Ejecutivo para atacar el problema de la escasez con la implementación de la Misión Abastecimiento Soberano. Mientras no se incentive la producción nacional, esta Misión luce como un nuevo intento de atacar las consecuencias de las políticas económicas y no modificar las causas que las originaron.

En este último punto se cruza la agenda con el tema económico, caracterizado por una combinación entre urgencia e incertidumbre.

La agenda económica reviste mayor apremio que la política debido a la progresión de la caída en los indicadores fundamentales, la contracción del aparato productivo y el deterioro en las condiciones de vida de la población.

La brecha entre los salarios de la mayoría de los venezolanos y el precio de la cesta básica hacen inviable el normal desempeño de la economía, mientras que el desborde inflacionario se come los beneficios de las empresas y amenaza la estabilidad de los
trabajadores.

Como ejemplo se puede destacar que el Cendas reportó este lunes que la canasta básica mensual ascendió a 310.896,50 bolívares en junio, equivalente a una cifra superior a 20 salarios mínimos. Esto a su vez representa un incremento de 573,6% en el costo de la vida en el transcurso de los últimos doce meses, según los cálculos de la entidad.

Más temprano que tarde, habrá que poner fin a esta dinámica de desequilibrios por medio de una revisión estructural a fondo, que sin duda pasa por tomar fuertes decisiones con importantes costos desde el punto de vista político.

Y es en este punto donde se vuelven a conectar los dos escenarios mencionados al principio, en un ámbito en el que los actores políticos necesariamente deben poner por delante el interés nacional y pensar en las próximas generaciones más que en la inmediatez y los intereses particulares.

De lo contrario, no es posible que se vislumbre soluciones viables en el corto plazo y los resultados serían nuevas complicaciones aparte de las que ya enfrenta el país.