Empresarios temen extensión de la cuarentena porque la gasolina financiera también se está agotando

La preocupación entre los empresarios crece sobre la posibilidad de que se extiendan las medidas de confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19 en Venezuela, la cual, paradójicamente, se mantiene bajo un adecuado control en el país, si se hace caso de las cifras oficiales que reportan 357 casos y 10 fallecimientos, por lo que los gremios de la economía privada consideran que es posible reactivar la actividad de manera progresiva y segura.

Empresarios consultados durante el fin de semana señalaron que no solo la gasolina es un bien de escasez crítica para los negocios, sino que también se está acabando aceleradamente la gasolina financiera, ante la falta de verdaderos programas de ayuda para que los sectores, especialmente los más afectados, puedan paliar los efectos de una crisis dramática.

Diversas consultas que están realizando los principales gremios, a través del seguimiento a sus miembros, sostienen, según pudo conocer Banca y Negocios, que la situación de riesgo es mucho peor que la inicialmente estimada, pues la cuarentena colectiva, decretada a partir del 18 de marzo, ha descapitalizado severamente a cerca de 60% de las empresas activas, según una estimación preliminar.

Sectores como construcción, algunas áreas de la manufactura, transporte, segmentos del comercio 100% inactivos, banca, servicios como restaurantes, tiendas, centros comerciales, entre muchos otros ya comienzan a evidenciar problemas para cubrir sus nóminas y otros gastos mínimos de funcionamiento, pues previamente venían afectados por la recesión antes de que apareciera la emergencia sanitaria.

– La provincia está arrasada –

Una fuente de preocupación fundamental en los gremios empresariales es la sobrevivencia de la ya devastada  actividad privada en la provincia. Análisis preliminares indican que hay estados donde la inactividad supera el 85% y, de los negocios inactivos, pudiera no reabrir más de 70%, debido a que no tienen cómo hacer frente a los gastos de personal, ni a la compra de mercancía.

Existe el riesgo real de que la actividad empresarial potencialmente rentable se circunscriba a grandes centros poblados y ciudades intermedias, mientras que las poblaciones menos pobladas se conviertan en verdaderos cementerios económicos, donde la única posibilidad de sobrevivir sea participar de subsidios estatales, cada vez más insuficientes.

En estados del occidente del país, entre apagones y muy severas restricciones de acceso al combustible, funciona menos de 50% del comercio permitido, incluso áreas críticas como abastos y farmacias, cuyos responsables han visto como las restricciones horarias establecidas por las autoridades permiten estirar inventarios cada vez más reducidos.

La situación permite señalar que una de las más probables consecuencias de la emergencia sanitaria termine siendo un incremento dramático del fenómeno de migración interna hacia Caracas y otras ciudades del centro del país, porque las opciones de sobrevivencia son cada vez más precarias en las poblaciones más alejadas.

Zulia, los estados andinos, los llanos occidentales, Lara, Sucre, Monagas, Bolívar y Amazonas reportan apagones diarios. El occidente es una zona crítica por el servicio eléctrico, por lo que las empresas con mayor capacidad hicieron inversiones en plantas para asegurar una operatividad que solo en algunos casos supera 60%; sin embargo, la crisis financiera a la que están sometidas ha reducido esa actividad a niveles mínimos.

– Regulaciones y crispación política –

Un elemento cotidiano de la vida venezolana que no ha respetado la cuarentena es la crispación política, y eso también preocupa a los agentes privados, por cuanto se teme que el mantenimiento de la cuarentena se convierta, también, en una necesidad política, además de un protocolo indispensable para contener una expansión desordenada del Covid-19 en el país.

El fin de semana terminó con noticias preocupantes: un motín con 47 muertos en la cárcel de los llanos, en Portuguesa, que se convirtió en una crisis de Derechos Humanos para la administración de Nicolás Maduro, mientras que el domingo 3 de abril el gobierno denunció una incursión de paramilitares por Macuto, que fue frustrada rápidamente con saldo de 8 muertos.

El gobierno, fuertemente debilitado en el plano financiero, acusó a Colombia, Estados Unidos y a la oposición liderada por el presidente de la AN, Juan Guaidó, de estar detrás de esta acción armada, y comenzó una estrategia de agitación política alrededor del incidente, usando como elementos de prueba publicaciones de la periodista exiliada Patricia Poleo y de la agencia estadounidense AP, las cuales supuestamente evidencian la presunta contratación de mercenarios para atizar un clima de mayor desestabilización interna.

En un momento cuando el gobierno refuerza controles restrictivos como la inamovilidad laboral y la regulación de precios, estas noticias sobre el escalamiento de la tensión política son elementos que complican irracionalmente la situación económica y alejan cualquier posibilidad de alcanzar soluciones efectivas.

Las fuentes empresariales consultadas indican que, en el escenario de crisis de la economía venezolana, los controles son ineficaces. Advierten que podrán aumentar las confiscaciones de inventarios y las sanciones, pero que, al final, tendrá que ser una fenómeno puntual y pasajero, porque de lo contrario el propio gobierno se arriesga a tener que enfrentar, en medio de una precariedad financiera muy grave, la desaparición de buena parte del tejido empresarial que queda, con consecuencias muy graves para la población.

Venezuela cotiza -que es muy distinto a vender- su crudo a menos de 10 dólares, una cifra que se pone por debajo en 50% promedio de sus costos de producción petrolera, lo que conduce a un escenario muy complicado en términos financieros para el gobierno, cuyos ingresos en divisas podrían terminar 2020 en una cifra que algunos analistas colocan entre 6.500 y 7.500 millones de dólares, de los cuales al menos un 80% debería ser destinado a importaciones de bienes esenciales, que se reducen a tres categorías: alimentos, medicinas y gasolina.

Lo que los empresarios piden no es un levantamiento irresponsable de las medidas de aislamiento social, porque se entiende claramente que el riesgo de una expansión incontrolable del coronavirus en Venezuela sería un riesgo muy elevado para el país, vista la debilidad estructural del sistema de salud público y privado, sino la adopción urgente de una estrategia de desconfinamiento que permita reactivar las operaciones económicas en un plazo breve.