Informe Especial | Sanciones también elevan riesgo operativo del sector privado

Esta semana conocimos la noticia que Mastercard suspendió las operaciones de conciliación de pagos y el uso de su franquicia de tarjetas al Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) y al Banco Agrícola de Venezuela, con la intención de acatar la Licencia N° 28 del gobierno de Estados Unidos que da plazo hasta este 4 de septiembre a empresas estadounidenses y extranjeras con intereses en EEUU, para terminar sus negocios con organizaciones del Estado venezolano.

Esta es la primera evidencia de una situación que puede complicarse de forma relevante para las empresas y, en general, el país, porque las sanciones aprobadas por la administración del presidente Donald Trump, el pasado 5 de agosto, representan una escalada que obliga, muy especialmente, a los agentes económicos a conocer e interpretar adecuadamente estas disposiciones para implantar una política eficiente de gestión de riesgos.

Veamos cuales son las implicaciones de esta medida para la economía y que podemos esperar en el corto plazo en relación con los efectos de la nueva ronda de sanciones.

En primer lugar, una vez que fue divulgada la noticia anterior, BANFANB dio a conocer a través de sus redes sociales que iba a mantener las operaciones de sus tarjetas de crédito con la red de Credicard. Sin embargo, trascendió que la franquicia Mastercard, le comunicó directamente al Presidente de Credicard que, como resultado de las sanciones implementadas por la OFAC el 5 de agosto de este año, Mastercard debe suspender toda actividad tanto con BANFANB como con el Banco Agrícola. Ambos bancos son clientes afiliados a través de Consocio Credicard, en consecuencia, esta última debe cesar inmediatamente toda y cualquier actividad directa o indirecta de Mastercard con ambos bancos.

Este es un ejemplo claro de lo que se puede vivir en muchos sectores, porque el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una entidad directamente sancionada, pero ni siquiera un intermediario local puede resolver el problema, porque las sanciones, más allá de su interpretación, imponen para muchas multinacionales, estadounidenses o no, estándares de riesgo muy elevados.

Por ejemplo, manejamos información de fuentes internas sobre la posibilidad de que IBM esté evaluando la suspensión en el muy corto plazo, de todas las operaciones con Suiche 7B, la cual es la primera red interbancaria del país con la mayor cobertura geográfica y operativa, constituida por bancos importantes del sistema financiero venezolano. Lo anterior implicaría que todo el sistema de pago móvil quedaría inhabilitado, así como la red de cajeros automáticos, adicionalmente al sistema transaccional que viaja a través de la red de Suiche 7B.

Lo anterior, es una medida que se vincula directamente con la decisión tomada por Mastercard, ya que en Suiche 7B casi un 50% de la participación es del Banco de Venezuela, por tanto, al estar involucrado un banco del Estado en la composición accionaria, interpretamos que IBM estaría tomando la decisión de dejar de prestar el servicio de infraestructura tecnológica a dicha empresa, poniendo en riesgo operativo a múltiples canales de pago en el país, así como los cajeros automáticos.

Sin embargo, esta es una decisión compleja, porque IBM podría terminar afectando a todo el sistema financiero por no trabajar con un banco del Estado, cuando la banca privada está expresamente excluida de las sanciones, incluso por razones humanitarias. De manera que el over compliance representa un riesgo grave sobre el que hay que trabajar.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana, se analiza los efectos que podrían tener las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro, el pasado 5 de agosto y sus posibles interpretaciones sobre las empresas privadas.

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