La Constituyente como Dilema del Prisionero

El proceso Constituyente representa una enorme amenaza contra el bienestar social y la sociedad toda.

Tal como está siendo convocada la Constituyente, dada sus bases comiciales que pretenden modificar la correlación de fuerzas y el rechazo al Gobierno reconstituyendo grupos de interés-certificados oficialmente -aún cuando la Constitución resulta el pacto social que nos une y regula a todos por lo que no debería ser sectorizada la unidad naciona-l; una vez que no hubo consulta previa para aprobar o rechazar el proceso Constituyente; toda vez que las materias mencionadas a formar parte de los temas a ser tratados suelen constituir objetivos normativos o buenas intenciones, ya tratadas en la actual Constitución y que distraen la diatriba respecto al rechazo al Gobierno en favor de objetivos que cuentan con apoyos mayoritarios; siendo que los temas parcelados serán tratados y propuestos con una visión de juego suma cero en favor de los “sectores” artificialmente creados por las bases comiciales para destruir la unicidad nacional, la universalidad del voto y su proporcionalidad; existe un enorme riesgo que este proceso sea utilizado para destruir las instituciones alineadas con progreso, modernidad, democracia y derechos económicos e individuales ya consagrados en la actual Constitución Nacional.

El problema del país no pasa o requiere reafirmar objetivos normativos y sociales dentro de la Constitución, el problema ha radicado en la forma de instrumentalizar estos objetivos y en el modelo económico socialista o revolucionario.

Para poner en contexto lo dicho hasta ahora, vale llamar a colación declaraciones realizadas por Aristóbulo Istúriz en un acto político con jóvenes para promover el proceso Constituyente, donde el funcionario público les consultaba y prometía que sería incluido en la Constitución el derecho de los jóvenes a una vivienda y a un empleo, entre otras promesas.

Podríamos preguntarnos si la revolución no ha contado con el tiempo suficiente, el apoyo político mayoritario desde su inicio hasta hace algo más de tres años, con niveles récords históricos de ingresos petroleros, leyes habilitantes para legislar a capricho y sin embargo no han podido avanzar en objetivos como estos, entre muchos otros.

El tema no es si estos objetivos son loables o constituyen “buenas intenciones”, sino cómo harán para que estas promesas no se queden en el papel, para que no constituyan una nueva política pública por “Decreto” sin instrumentalización ni resultados. Por ejemplo, ¿quién financiará este acceso a viviendas?, ¿quién llevará la cargas financieras?.

Si la carga es sobre privados ¿resulta confiscatoria la carga y el financiamiento, toda vez que el país ya cuenta con un sistema tributario?, ¿en consecuencia se crea un problema de justicia y una sociedad suma cero con enormes costos dinámicos sobre incentivos para crear riqueza y bienestar?. Si el financiamiento es público ¿cuál es el costo de oportunidad de los recursos para la sociedad toda en beneficio de grupos de interés?, ¿cuál es la incidencia distorsionante de mayores cargas tributarias sobre la sociedad?, ¿no se estarán creando incentivos para masificar un problema de riesgo moral y de comportamientos oportunistas sobre este financiamiento público o por parte de terceros?, ¿hasta qué punto existirá corresponsabilidad de los beneficiarios sobre los costos de llevar adelante esta política pública?, ¿cuál será el papel del sector privado para construir y proveer estas soluciones habitacionales?, ¿se apoyará el gobierno en el sector privado por medio de políticas de licitaciones y subastas que coadyuven al uso eficiente de los recursos escasos? O por el contrario ¿continuará existiendo opacidad sobre el uso de recursos públicos en la política habitacional del gobierno?.

¿Continuará siendo la política pública de viviendas la vigente que según ha denunciado el sector privado una vivienda producida por medio de esta política resulta mucho más costosa que una construida por el sector privado? ¿Quién se ha terminado beneficiando de esta política? ¿Existirán políticas de revisión, seguimiento y análisis de los resultados de la política? ¿Continuará el gobierno constituyendo la primera barrera en contra de las actividades económicas y único responsable de la inflación, hecho que imposibilita la creación de empleos y el sostenimiento del poder de compra del bolívar, sueldos y salarios que dificultan a los jóvenes tener la posibilidad de acceso a viviendas?

El oficialismo con seguridad evitará esta discusión porque primero desnudará sus falencias como administradores de la cosa pública y diseñadores de las políticas públicas, y segundo, porque limitarse a la discusión superficial sobre “buenas intenciones” sumará mayor cantidad de adeptos dentro de los distintos grupos de interés, escondiendo las cargas y lesiones para evitar movilización por parte de los potenciales lesionados -incluso la sociedad toda-.

El problema no radica en los objetivos sociales, ni en los bienes públicos que requiere y demanda la sociedad venezolana, ni siquiera respecto al papel rector, promotor y regulador del Estado sobre ciertas actividades económicas -porque aquí propios y ajenos podríamos coincidir, y es ésta, parte de la estrategia oficialista de manipulación del voto vía las bases comiciales fraudulentas, que cambian el objetivo y fin del voto-; el problema radica en cómo un proyecto político instrumentaliza estos objetivos, cuáles serán sus políticas públicas y su modelo económico y político para respetar derechos y alcanzar los objetivos sociales.

Existe una enorme amenaza de que el proceso Constituyente se erija como un problema del Dilema del Prisionero, donde los llamados a votar, primero se encuentren motivados por intereses propios o grupales ante promesas populistas, segundo, se facilite la vulneración de derechos a terceros y con costos sociales en beneficio de sus intereses o ante las promesas por parte de funcionarios públicos, y tercero, sean utilizados los ciudadanos por medio del voto en favor de sus intereses para vulnerar instituciones, derechos y libertades democráticas y económicas en detrimento de toda la sociedad.

Existe el riesgo que una Constituyente con intereses de perpetuación en el poder por parte de quien la promueve y de reducción de derechos y libertades civiles y económicas, termine siendo aprobada por una suerte miopía, de destrucción de la unicidad del universo votante sobre una cuestión nacional y no grupal como sería la Constituyente como pacto social, y debido a unas reglas del juego y materias a ser consideradas que someten a los ciudadanos a un juego suma cero -falaz porque la realidad no es así, sino producto de la revolución-.

Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.