Redes de piratería de marcas penetran mercado de consumo masivo

Hay otra vertiente de la crisis de la que se habla poco o nada y esta es la falsificación de marcas comerciales, la «piratería» que se ha extendido a productos de consumo masivo y de primera necesidad, especialmente en los anaqueles de pequeños comercios y redes de automercados en el interior del país, sin que exista la preocupación por siquiera investigar las redes delictivas que están detrás.

Las marcas más falsificadas son de dentríficos, jabones, pañales, detergentes, lo que se suma a la vieja práctica de «piratear» productos de entretenimiento. De este fenómeno se habla poco, pero empresas como Procter & Gamble se han visto obligadas a desarrollar campañas con los responsables de sus puntos de venta para enfrentar directamente la situación.

Fuentes de empresas de consumo masivo indican a Banca y Negocios que la situación es grave, porque estos productos que se expenden con denominaciones falsificadas pueden representar riesgos para las consumidores, por cuanto no se sabe si cumplen con los requisitos sanitarios y de calidad para ser comercializados de manera segura.

En medio de la situación de escasez e hiperinflación, hay espacios de mercado que han aparecido. Algunos son ocupados por fabricantes legítimos, pero también surgen «mercados negros» de productos falsificados.

El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) no maneja datos sobre la incidencia de este fenómeno, pero indican las fuentes empresariales consultadas que la situación es grave en productos de cuidado personal. Por supuesto, las marcas falsificadas no se consiguen en las grandes cadenas formales de comercio, pero pululan en abastos y mercados de menor escala.

El fenómeno es particularmente grave en los estados fronterizos, pero visible a lo largo del país. La situación es grave, porque, por ejemplo, en estados como Apure, Barinas, Portuguesa, Delta Amacuro, Guárico, Sucre, Falcón, Bolívar, Trujillo y Guárico, las propias empresas formales han detectado redes de distribución de productos con marcas falsificadas, importados supuestamente sin controles, que se venden de forma masiva.

Lo que señalan las empresas consultadas es que se trata de redes organizadas que importan los productos ya envasados o los empaquetan en territorio nacional, y que los colocan en comercios de manera irregular, sin que las autoridades tomen medidas.

– El mal ejemplo –

El problema es mayor cuando el propio gobierno irrespeta los derechos marcarios, como ocurre con los casos de las marcas de empresas intervenidas y expropiadas. El caso más reciente es el de los cereales Kellogg´s, que ha sido «relanzada» por la administración de Nicolás Maduro, como parte de la «recuperación» de la empresa estadounidense en el país.

Este caso particular que afecta a una de las denominaciones comerciales más reconocidas del planeta, ha sido expuesto públicamente en varias ocasiones, pero la situación no ha sido corregida. A partir de la toma de la planta de Clorox, se ha hecho norma que las empresas intervenidas y ocupadas emitan comunicados donde indican que, en primer lugar, no son responsables por la producción a partir de la fecha de la medida administrativa y donde dejan claro que no autorizan el uso de sus marcas comerciales.

En concreto, el país puede enfrentar demandas judiciales por violación de los derechos de propiedad de estas compañías y, según pudo conocer Banca y Negocios, Kellogg´s ya estaría preparando las acciones legales en tribunales estadounidenses.

– Un marco legal inexistente –

La Ley de Propiedad Intelectual que rige en Venezuela data de 1956. El país no aprobó una norma que regulara esta materia, porque se acogió a las regulaciones que fueron aprobadas por la Comunidad Andina de Nacionales, mientras Venezuela fue integrante de esta instancia regional, pero luego de que el ex presidente Hugo Chávez anunció el retiro del país en 2006 y este se hiciera efectivo en 2008, no hubo ningún intento serio por regular la protección de estos activos intangibles.

Esta es una materia pendiente muy relevante, porque la protección de la propiedad intelectual es un elemento sustantivo para la captación de inversión extranjera y el desenvolvimiento de la actividad económica.