Sundde sanciona a 43 clínicas privadas por especulación y condicionamiento de servicios

La Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) abrió procedimientos sancionatorios por presuntas violaciones a la Ley de Precios Justos a 43 clínicas privadas del Distrito Capital y los estados Anzoátegui, Aragua y Miranda.

En la cuenta de Twitter del superintendente y ministro de Comercio, William Contreras, se divulgó la lista de los centros de salud privados que fueron sancionados.

Esta es la lista de los 43 centros de salud privado que sancionamos por incurrir en delitos de especulación y condicionamiento en los servicios, respondiendo a las denuncias recibidas y manteniendo los mecanismos de supervisión como lo instruyó el Pdte. @NicolasMaduro #17Jul pic.twitter.com/7NNFtNqZLd

— Willian Contreras (@WContreras_) 17 de julio de 2019

Estos procedimientos se dieron a conocer el pasado 8 de julio y ahora los directivos de estas clínicas deberán comparecer ante la Sundde para que se imponga la sanción que corresponde.

De acuerdo con la información publicada previamente por Banca y Negocios, los centros que fueron sancionados por no consignar «la información requerida de los procedimientos y costos de salud», «los que hayan vulnerado los derechos individuales» y » los centros de salud privada que pudieran estar incurso en la comisión de los delitos de condicionamiento y usura«.

Los establecimientos que incurran en estos delitos serán sancionados con las medidas punitivas previstas en los artículos 56 y 58 de la Ley de Precios Justos. El presunto delito de condicionamiento se pena con multas de entre 500 y 10.000 Unidades Tributarias según su gravedad, y con prisión de tres a seis años.

El delito de usura se sanciona con prisión de cinco a ocho años. En la norma, la usura se define como «acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza».

– Sanción injusta e impagable –

Banca y Negocios conversó con dos directivos de centros clínicos privados sancionados, quienes coincidieron en indicar que presentaron sus estructuras de costos a la Sundde, pero que los funcionarios insistieron en hacer ajustes de precios que, sencillamente, no son asumibles.

Los directivos consultados indicaron que en bolívares la mayoría de los procedimientos clínicos no son rentables y generan, de hecho, graves niveles de pérdida. La hiperinflación afecta la actualización y el mantenimiento de equipos en centros de salud que forzosamente deben hacer estos gastos, porque de lo contrario podrían afectar a los pacientes.

En cifras, los ingresos de las clínicas privadas -indican las fuentes- han caído entre 60% y 75% en el último año, por lo que los ajustes de costos son indispensables. Insisten en que, de hecho, ha habido que suspender procedimientos, reducir la capacidad de hospitalización y eliminar servicios, porque ya no existe el poder adquisitivo para soportar una infraestructura de prestación de salud normal en el país.

El otro gran problema es que ya no se cuenta con mecanismos de financiamiento como las pólizas de seguros, por lo que el flujo de pacientes ha bajado notablemente.

Los directivos indican que estas sanciones son injustas, porque la autoridad se niega a ver la realidad que viven las empresas en Venezuela. Una de las fuentes indicó que, aún con los aumentos, la mayoría de los servicios no cubre los costos necesarios para su prestación y las mismas administraciones entienden que hay que limitar los incrementos.

Problemas como el éxodo de más de 40% promedio del personal médico y de alrededor de 30% del personal de enfermería también influyen en los costos.