TSJ certifica constitucionalidad de nueva prórroga del estado de emergencia económica

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del Decreto Nº 3.906 del 9 de julio de 2019, mediante el cual se establece la extensión por otros 60 días del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

Esta situación que la Constitución Nacional prevé como excepcional, se ha mantenido de forma ininterrumpida desde 2016, por lo que el TSJ viene prorrogándola de manera automática sin mayores consideraciones desde hace ya tres años.

El nuevo decreto, suscrito por el presidente Nicolás Maduro, fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.464 Extraordinaria, fechada el 9 de julio.

Según la nota de la agencia gubernamental de noticias AVN, el objetivo de esta disposición es «asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».

Recientes informes de diversas agencias de la Organización de Naciones Unidas, como la FAO y la Comisión de Derechos Humanos, muestran datos alarmantes sobre la situación social en Venezuela, por lo que parece que este decreto surte un efecto muy limitado como herramienta para superar la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

Este decreto puede ser prorrogable por 60 días más y «no podrá ser debatible ni revocado por la actual Asamblea Nacional (AN) en desacato».

«El TSJ también declaró nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto de la AN que pretenda desaprobarlo, y reiteró que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados del parlamento, incluyendo acuerdos dictados y leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga en desacato a las sentencias del TSJ».

El fallo 239-2019, con ponencia del presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza -ex diputado chavista en anteriores legislaturas de la AN-, «reitera que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos para todos, incluyendo los órganos del Poder Público Nacional».