138 conflictos laborales se produjeron en abril para exigir mayores salarios y contratos colectivos

El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 138 conflictos laborales en Venezuela en abril, mes en el que el mayor número de casos (25%) no se identificó con algún sector en particular.

Los trabajadores de la salud, principales protagonistas de las demandas laborales, se hicieron sentir en 22% del total de los reclamos, seguidos de representantes de la industria manufacturera con 17%.

Las exigencias por salarios dignos estuvieron presentes en 67% de las protestas. El incumplimiento de las convenciones colectivas y las malas condiciones de trabajo fueron motivos, respectivamente, en 9% y 6% de las manifestaciones de descontento de los trabajadores venezolanos. Los despidos injustificados fueron la causa en 1% de las quejas reportadas en el cuarto mes del año.

Por regiones, Bolívar concentró 23% de las protestas. Detrás se ubicaron los estados Sucre (12%) y Carabobo con 9%. Como ha sido recurrente en los últimos años, los trabajadores del sector público han estado al frente de las protestas y en abril lo hicieron en 89% de los casos. Los sindicatos estuvieron presentes en 52% de los reclamos, detectó el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Hasta un 67% de los conflictos fueron concentraciones de calle, mientras que 17% se dio en forma de denuncia pública.

Trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) exigen el fiel cumplimiento del ajuste salarial decretado en marzo por Nicolás Maduro. Luego del pago de la quincena correspondiente al 30 de marzo, el aumento de 1.700% no se cumplió. Señalan que en la CVG se realizó un incremento de 200% de manera unilateral.

En el sector educativo se denuncia, entre otros puntos, que cada vez que alzan la voz para exigir mejoras salariales aumenta la persecución en contra de sus trabajadores.

En el área de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, personal obrero y administrativo han estado exigiendo que sea cancelado el bono de 100 dólares que les fue aprobado por el gobierno en diciembre de 2021.

Las malas condiciones económicas del país, así como la destrucción de la institucionalidad laboral (sindicatos, contratos colectivos, seguridad social, salario, formación profesional y el diálogo tripartito), mantienen activos a los trabajadores en sus luchas diarias.