2018: otro año perdido

El año 2018 significó una catástrofe para Venezuela. Todos los indicadores económicos y sociales muestran un significativo deterioro. Desde hace dos años el BCV dejó de publicar las cifras correspondientes al PIB con lo cual priva a la economía de un indicador fundamental para evaluar su desempeño. No obstante, la Asamblea Nacional construyó un Indicador de Actividad Económica Mensual que aproxima razonablemente bien el comportamiento del PIB.

De acuerdo con ese indicador, durante el lapso enero-septiembre de 2017 respecto a enero-septiembre de 2018, la actividad económica registró una contracción de 28%. Para el período 2013-2018, la economía venezolana perdió aproximadamente 53% de su tamaño lo que evidencia un cuadro de destrucción generalizada. No se trata de una situación de recesión como la que usualmente experimentan las economías, sino más bien de una depresión económica que se ha extendido por cinco años. Ello, en conjunción con la emigración de mano de obra calificada, afecta el producto potencial de la economía y reduce drásticamente las posibilidades de una rápida expansión futura de la economía.

Pero tal vez donde el efecto del socialismo ha sido particularmente destructivo es en el sector petrolero. Así, en 1998 Venezuela produjo 3.445.000 barriles diarios de petróleo mientras que al cierre de octubre de 2018 el nivel de producción se ubicó en 1.137.000 barriles por día según cifras de la OPEP, lo que refleja una caída acumulada de 68,1%. En 2018 la producción de petróleo refleja una declinación promedio mensual superior a 50.000 barriles diarios. Una producción en declive ha implicado un sacrificio de ingresos por exportaciones cercano a $14.000 millones en 2018. Entre los factores que explican esta disminución de la producción petrolera conviene destacar la falta de inversiones, una gerencia ineficiente y corrupta y la pérdida de personal calificado, entre otros aspectos.

Venezuela experimenta un agresivo proceso de hiperinflación desde octubre de 2017 el cual se manifiesta en una tasa de inflación anualizada de 1.300.000% en noviembre de 2018. Una hiperinflación de esa magnitud se explica principalmente por los mismos factores que históricamente han dado cuenta de eventos similares, a saber, la monetización del déficit fiscal.

Un déficit fiscal crónico que a partir de 2014 no baja del 12% del PIB, financiado fundamentalmente con emisión monetaria, forzosamente tenía que degenerar en hiperinflación como efectivamente ha sucedido. Ésta a su vez erosiona el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores activos, pensionados y jubilados al punto tal que actualmente para adquirir la canasta básica de alimentos, medicinas y servicios se requieren al menos veinte salarios mínimos. Esto determina que los datos de pobreza hayan aumentado hasta cifras escandalosas que exceden el 80% en 2018.

Cierra así 2018 como una calamidad y sobre ella está reto pendiente de rescatar al país y hacerlo próspero y fuerte.