#Reportaje | Actividades ilícitas "ganan terreno" en la economía venezolana
Los cuerpos de seguridad venezolanos han realizado múltiples operativos contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Las actividades ilícitas han ganado terreno en la economía de Venezuela, donde el narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro y combustible generaron 9.402 millones de dólares en 2022, según cálculos independientes, lo que expertos atribuyen a la expansión de grupos irregulares organizados ante la «anuencia» del Estado.
Esta cifra fue revelada en un reciente informe elaborado por la asociación civil Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, donde señalan que equivale al 15,67% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, cuando alcanzó los 60.000 millones de dólares, según sus propios cálculos.
«Estamos hablando de cifras muy importantes», dijo a EFE la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, quien aseguró que estas economías ilícitas, si bien «no son nuevas» en el país, donde «siempre ha habido grupos criminales», han crecido y se han expandido ante la «anuencia y permisividad del Estado».
Así, de dedicarse a la «extorsión pura», ahora «dominan, controlan, economías ilícitas», que causan «distorsiones económicas, sociales, políticas y culturales» y tienen un impacto en la vida de ciudadanos y en actividades económicas, como el comercio y la ganadería.
Por su parte, el economista de Ecoanalítica, Jesús Palacios, dijo a EFE que estos ilícitos generan una «renta que no pasa por canales formales» y «promueven más la corrupción» y la generación de otras mafias.
Un ecosistema de ilícitos
En Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), un vendedor informal de gasolina, quien pidió no ser identificado, dijo a EFE que su negocio consiste en llenar los tanques de cuatro vehículos en una estación de servicio «subsidiada», donde es «totalmente regalada», y luego revenderla a sus clientes, la mayoría transportistas, a quienes «no les da tiempo» de repostar.
De esta manera, prosiguió, hace entre 80 y 100 dólares semanales, en un país con un salario mínimo de unos 3,7 dólares al mes.
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Y cuando hay fallas en el suministro del recurso, lo que suele ser intermitente, el hombre acude a las gasolineras conocidas como «internacionales», donde el litro cuesta 50 centavos, para luego revenderlo a uno o 1,5 dólares.
El informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica indica que el 70% del total de gasolina subsidiada «se destina a actividades ilegales», entre ellas a su comercio, en el que «juegan un rol importante» efectivos de «la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), mafias transfronterizas e incluso productores ilegales de oro y narcotraficantes».
Además de la venta ilegal y el contrabando de combustible, en Zulia se desarrollan otros ilícitos, como la extorsión y el narcotráfico, según el informe y otras organizaciones.
De Freitas señaló que, en esta región, hay presencia de «grupos criminales» que se dedican a una «extorsión brutal» contra empresarios.
«La gente ha huido. Hay casas abandonadas, negocios abandonados de gente que huye de la extorsión permanente de uno, dos, tres grupos», dijo.
El pasado febrero, dos tiroteos en una carnicería y en un supermercado en Zulia dejaron un fallecido y siete heridos, un hecho en el que, según autoridades, estuvo involucrada una banda que se dedicaba a extorsionar comercios de esta región.
«Mano dura»
El economista Palacios considera que, para combatir los ilícitos, el Estado debe aplicar un esquema con «estrategias de mano dura», con «reglas fuertes» y sanciones.
Además, De Freitas llama a actuar con rapidez para proteger a las personas que habitan en zonas donde hay grupos irregulares y a impedir que «tengan control del territorio tan descaradamente», para lo que, agregó, «tiene que haber voluntad».
Desde el 1 de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó una operación en el parque nacional Yapacana, en la región amazónica, que se saldó con la expulsión de unas 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales».
La operación sirvió para desmantelar 27 ciudadelas construidas en este territorio y para capturar a 51 miembros de bandas criminales que operaban en la zona, según el Gobierno.
La directiva de Transparencia Venezuela aseguró que «ha aumentado significativamente la explotación y la comercialización» del oro en la nación, donde «grupos criminales tienen control de zonas y cobran a los mineros entre un 10% y un 30%, o más, de lo que extraen».
Los cuerpos de seguridad también han realizado múltiples operativos contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, según informaciones oficiales, publicadas en redes sociales.
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