Acusan a Theresa May de engañar al Parlamento sobre acuerdo de brexit

La primera ministra británica, Theresa May, fue acusada el miércoles de haber engañado a un Parlamento cada vez más beligerante sobre las implicaciones de su acuerdo del Brexit, cuyo rumbo podría cambiar tras los duros reveses que recibió su gobierno.

«Desde que volvió de Bruselas con su acuerdo, la primera ministra ha estado engañando a la cámara de forma involuntaria o no», lanzó el diputado Ian Blackford, del Partido Nacionalista Escocés (SNP). «Ha llegado la hora de que asuma la responsabilidad por haber ocultado los hechos», agregó.

Hacía referencia a la «moción de desacato» aprobada la víspera contra el ejecutivo por haberse negado a publicar la totalidad de los informes legales sobre el texto negociado con la Unión Europea (UE) y que el parlamento debe ratificar o rechazar en una histórica votación el 11 de diciembre.

Tras perder esa moción, antes de iniciar cinco días de intensos debates, el gobierno se vio obligado a revelar una información que calificaba de «confidencial».

El acuerdo prevé, entre otras cuestiones, un complejo sistema denominado «backstop», o «red de seguridad», para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte (Ulster) y la República de Irlanda.

El informe legal mostró que éste podría mantener a Irlanda del Norte en el mercado único europeo indefinidamente si no se logra negociar una solución mejor en el marco de la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea.

«La primera ministra debe explicar porqué sigue negando a Escocia los derechos y las oportunidades que el acuerdo ofrece a otra parte» del país, lanzó Blackford, cuyo partido es proeuropeo.

Dos años después de rechazar independizarse de Reino Unido, Escocia votó masivamente contra el Brexit (63%) en el referéndum de junio de 2016, en que el país decidió salir de la UE por 52% de los votos.

«Vamos a salir de la UE como Reino Unido en su conjunto y negociaremos como Reino Unido en su conjunto», afirmó May, llamando una vez más a aprobar su acuerdo so pena de un Brexit brutal el próximo 29 de marzo.

– «Perdió el control» –

Las consecuencias legales del «backstop» indignaron también al pequeño partido unionista norirlandés DUP, en cuyos 10 diputados se apoyaba el gobierno minoritario de May para sobrevivir, y que rechaza cualquier trato especial para la provincia.

«Es totalmente inaceptable (…), tiene que ser derrotado y deben negociarse nuevas condiciones», afirmó uno de sus líderes, el diputado Nigel Dodds.

El acuerdo sellado por el gobierno británico con sus 27 socios europeos choca con la oposición tanto de los eurófilos, que ven en él condiciones peores a las actuales, como de los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE. Muchos de estos últimos se encuentran en las filas del Partido Conservador de May.

De ahí le vino precisamente el martes el segundo golpe a la debilitada primera ministra: una enmienda aprobada por 321 votos contra 299 dio poder al parlamento para determinar qué ocurre si, como se prevé, el acuerdo es rechazado en la votación del próximo martes.

Si el plan May fracasa, su gobierno tiene 21 días para informar a los legisladores de lo que piensa hacer. Entre las opciones estarían volver a negociar con la UE, salir del bloque sin acuerdo, convocar elecciones legislativas u organizar un nuevo referéndum.

Sea lo que sea que decida, los diputados podrán pedir otra solución y aunque su opinión no será vinculante resultaría muy difícil políticamente para la primera ministra ignorarla.

«May perdió el control», decía este miércoles en portada el diario The Daily Telegraph.

El segundo día de debates antes de la votación de la próxima semana se centraba el miércoles en las cuestiones de seguridad.

«El acceso británico a dos bases de datos europeas esenciales para la lucha contra la delincuencia y el terrorismo está directamente en peligro a causa del Brexit», denunció el diputado laborista Stephen Doughty.

Se trata de una cuestión que debe ser negociada en la futura relación entre las dos partes, aseguró el ministro del Interior, Sajid Javid, quien reconoció: «nadie puede pretender que este acuerdo sea perfecto en cada aspecto».