20/03/2023 10:50 AM

Afirman que empresas de aseo urbano "no tienen capacidad legislativa de publicar y establecer tarifas"

El presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, Jorge Hernández, aseguró que las compañías privadas que presta el servicio de aseo urbano «tienen 5 años sin hacer aumentos».

Afirman que empresas de aseo urbano «no tienen capacidad legislativa de publicar y establecer tarifas»

Jorge Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, precisó que «no ha habido tal aumento de tarifas» del aseo urbano.

En ese sentido, explicó que las estructuras de costos «están diseñadas para que estén en petros, no hay aumento porque el petro sigue siendo el mismo. Las empresas tienen 5 años sin hacer incrementos».

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Sostuvo que los pliegos tarifarios no han aumentado, sobre todo en la ciudad Caracas, pero en el interior «sí hay nuevos contratos». «Venía un sistema público y sí pudiéramos hablar de aumento», recalcó.

«Las empresas prestadoras de servicio no tienen capacidad legislativa de publicar y establecer tarifas. Las alcaldías, una vez las empresas les presenta su estructura de costo, son las llamadas a distribuir esa estructura», agregó.

Sumó que un supermercado de 500 metros cuadrados «no produce la misma cantidad de basura que un hipermercado de 5.000 metros cuadrados. Este tema ha generado mucha confusión en la opinión pública».

«Nosotros como país y organización debemos producir la menor cantidad de desechos posibles que vayan a los rellenos sanitarios, para que esto sea real es necesario aplicar políticas de reciclaje», añadió.

Rellenos sanitarios

Hernández apuntó que los rellenos sanitarios en el mundo han dejado de ser una opción y lo que se busca es que la mayoría de los residuos tengan una segunda vida, otro tema importante es que a partir de ahí se puede generar energía.

En el tema de plástico, acotó que Venezuela arroja a los mares, a través de sus ríos, 5.000 toneladas anuales de este material.

Indicó en La Romántica 88.9 FM que en el caso del estado Bolívar «es un contrato que la empresa recolectora acaba de iniciar, se han generado muchas alternativas de convenio, ese caso en el sur del país era problemático y rayaba en problemas de salud pública».

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