Afirman que entrega del presupuesto 2017 al TSJ impide una gestión transparente

La entrega de la Ley de Presupuesto Nacional 2017 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado viernes fue un golpe a la esencia republicana de Venezuela que puede traer graves consecuencias para la nación ante los mercados internacionales.

Así lo consideró Sary Levy-Carciente, coordinadora del Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), quien analizó la opacidad y discrecionalidad con la que se ha conducido el manejo presupuestario nacional desde hace más de una década.

Añade Levy que dicha opacidad se agravó aún más con la decisión de no consignar la Ley de Presupuesto Nacional 2017 ante el Parlamento, como lo estipula la Constitución.

A manera de ejemplo, la experta, quien fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, comentó que la Ley de Presupuesto Nacional vigente estipuló un presupuesto que estaba 108,78% por debajo de lo que hasta la fecha se ha gastado en el país. Agrega que el documento entregado por el Ejecutivo al TSJ el viernes “monta 8,5 billones, siendo 5,4 veces superior al de 2016”.

Empresas públicas sin rendimiento

La economista resalta el impacto que, al igual que el año pasado, tendrá para 2017 la caída de los precios del petróleo, lo que se evidencia en que 94,9% de los ingresos previstos en la Ley de Presupuesto Nacional 2017 serán no petroleros y provendrán, casi en su totalidad, de impuestos.

“Más de siete millones de bolívares recaudará el fisco entre renta aduanera, Impuesto al Valor Agregado, ajustes por inflación e Impuesto Sobre La Renta (ISLR)”, comenta Levy-Carciente. Sobre este último impuesto, advierte que, ante la negativa del gobierno nacional a recalcular la Unidad Tributaria a partir de la inflación efectiva, prácticamente todos los venezolanos tendrán que cancelar impuesto sobre la renta, “aunque sus ingresos no le den ni para cubrir sus necesidades básicas”, agrega.

Por otra parte, destacó que un billón de bolívares es el estimado de los ingresos por conceptos de empresas del Estado, la mayoría de las cuales no generan los rendimientos ni la producción deseada.

Finalmente, Sary Levy-Carciente reflexionó sobre las implicaciones de que el Parlamento no discuta la Ley del Presupuesto Nacional 2017 por una decisión del Ejecutivo. “Es difícil una adecuada evaluación del proyecto presupuestario, pues las últimas cifras macroeconómicas publicadas tienen un año de retraso, y otras dejaron de publicarse hace más tiempo. Sin información se impide la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos y se coarta el derecho ciudadano a una contraloría social”, alertó.