Agenda del Psuv: elecciones parlamentarias en el primer trimestre de 2020

En la agenda del Psuv está el primer trimestre de 2020 como período más probable para realizar las elecciones parlamentarias, ya que, como concesión a la negociación con la oposición arbitrada por Noruega y para no aumentar su factura financiera y económica por las sanciones, el gobierno madurista descartó la idea de hacerlas este año, mediante una convocatoria del parlamento pro gubernamental, la Asamblea Nacional Constituyente.

La información proviene de fuentes internas del partido de gobierno, quienes indican que esas elecciones no deben pasar de abril. Pudiera ser que esta sea una posición de parte del Psuv, que no es tan monolítico como parece, pero parece ser la intención respaldada por la mayoría. Un dirigente de la organización dijo a Banca y Negocios que la situación política e institucional es «insostenible», y por lo tanto la renovación del parlamento es urgente.

El propio presidente Nicolás Maduro, citado por la agencia gubernamental AVN, lo dejó ver así durante un acto político en el Teatro Municipal de Caracas: «Vamos a preparar la gran maquinaria del Psuv, del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar  y del Congreso Bolivariano de los Pueblos desde ya. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, no veo el día que llegue para sacarnos esa espina de la derrota de 2015 y recuperar la Asamblea Nacional para el país, para la estabilidad, para la revolución, sacar de la Asamblea Nacional a esa partida de bandidos y pillos (…) prepararnos para una batalla épica».

La posición de la Unión Europea y su grupo de contacto, que incluye a mandatarios de América Latina, es que, en todo caso, deberían hacerse unas elecciones generales, cosa que en el Psuv -un partido creado y sostenido por la acción clientelar del chavismo- se rechaza de manera tajante.

Básicamente, la posición que priva en el liderazgo chavista es que, si bien hay una grave crisis económica e, incluso, se reconoce que también social, no existe inestabilidad política en el país, porque hay un gobierno producto de elecciones en las que la mayoría de la oposición eligió no participar -y según esa lógica, no puede desconocerlas en consecuencia- con pleno respaldo de la Fuerza Armada y unas instituciones funcionales y activas.

La legitimidad de las elecciones del 20 de mayo de 2018 representan un punto de fricción fundamental, porque la oposición ha denunciado que la abstención mayoritaria fue resultado de condiciones electorales ilegales e injustas y de inhabilitaciones arbitrarias de partidos mayoritarios de este sector político.

Ese es el discurso que han trasladado los negociadores chavistas a la mesa de diálogo organizada por Oslo y es, en resumen, la oferta: acordar unas elecciones parlamentarias supervisadas internacionalmente a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones, el único problema real que el gobierno madurista asume que debe enfrentar.

Las fuentes consultadas del Psuv señalan, de hecho, que miran con atención el debate entre «economistas de oposición» sobre los efectos perniciosos de las sanciones estadounidenses, y señalan que se tomó la decisión de intensificar la movilización política para denunciar la crisis que, según ellos, provocan las penalizaciones a la industria petrolera y a las finanzas del país.