Allanadas empresas por casos de corrupción en Cadivi-Cencoex
El Ministerio Público (MP) allanó a dos empresas vinculadas con presuntos casos de corrupción dentro de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), informó este martes el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab. En total se investiga a 18 compañías, de las cuales se verificó que 13 no poseen domicilio fiscal.
Las dos empresas que sí poseen poseen domicilio fiscal están acusadas de importar productos con sobreprecio. Una de estas es Azucarera Río Turbio, que recibió del Estado 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 y se calcula que el sobreprecio de sus importaciones es de 235 % y contra cuyo representante legal ya se ha librado orden de aprehensión.
La segunda empresa, Importaciones Constructora PJL C.A, recibió 3,2 millones de dólares y su propietario, de nombre José Báez, se encuentra detenido en la sede del Sebin de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, por los delitos de obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
«Se han realizado 18 procedimientos por el caso Cadivi-Cencoex, durante un operativo en todo el territorio nacional, junto con la policía contra la corrupción y el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) para verificar empresas que han recibido divisas para (la importación) de alimentos y medicinas», anunció en rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión.
Indicó que entre la semana pasada y la anterior fueron investigadas 15 empresas, de las cuales se logró verificar que 13 «no poseen domicilio fiscal, es decir, son empresas fantasmas».
Entre todas estas empresas, apuntó el fiscal, se contabiliza que recibieron 85 millones de dólares «que constituyen un daño patrimonial al Estado, burlándose del pueblo, hablando que iban a importar alimentos y medicinas y ya hemos visto que muchas de ellas ni siquiera existen».
En este sentido, el MP dictó orden de aprehensión contra todos los representantes legales de las empresas vinculadas y, una vez sea verificada la defraudación al Estado, «se va a proceder a la incautación de sus bienes», dijo Saab.
Con información de AVN
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