Allanamientos en Ecuador por supuesto aporte de Odebrecht a campaña de Correa

La Fiscalía General de Ecuador informó este domingo el allanamiento a siete inmuebles en el marco de las investigaciones sobre una supuesta financiación irregular a la campaña presidencial de Rafael Correa (2007-2017) que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que hubo cuatro allanamientos a inmuebles en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico).

Los allanamientos ocurrieron en la madrugada por parte de la Fiscalía -con el apoyo policial- en el marco de las indagaciones ante los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

El operativo se enmarca en la investigación a dos ciudadanas, que formarían parte de una presunta estructura integrada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado, «en las cuales se administraban y movían fondos mediante un intrincado sistema de recaudación en efectivo y a través de cruce de facturas», indicó.

Los allanamientos ocurrieron luego de que el sábado, la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación previa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, a raíz del reportaje de la web «Mil hojas» titulado: «Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador».

En la investigación, publicada en «Mil hojas» por Fernando Villavicencio y Christian Zurita, se habla de un extenso y detallado informe denominado «Receta de Arroz verde 502», que contiene los presuntos aportes económicos de empresas multinacionales, supuestamente recibidos por el movimiento Alianza PAIS desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 «para la campaña presidencial».

«Mil hojas» asegura que tuvo acceso al informe y sus anexos, que aparentemente dan cuenta de presuntos aportes por 11,6 millones de dólares recibidos de un total de 14,1 millones de dólares proyectados, bajo un supuesto sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y trasnacionales, contratistas del Estado y «a los más altos representantes de Alianza PAIS» (AP).

«El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa-Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013», asegura el portal.

La web «Mil hojas» sostiene que en su poder reposan «decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana».

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), que reside en Bélgica desde mediados de 2017, rechazó en Twitter esa versión.

«Yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013, y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes, que dicen que los ‘aportes’ fueron desde noviembre de 2013, es decir… ¡cuando yo YA era presidente!», escribió Correa, exlíder de AP.

En otro caso relacionado con la firma brasileña Odebrecht, el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, que él niega, y está recluido en una cárcel en la provincia andina de Cotopaxi.

El sábado, la Fiscalía reveló que al conocer que a la madrugada, una de las personas investigadas trataba de abandonar el país, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, «dispuso la práctica de diferentes diligencias investigativas para precautelar que no se evada la acción de la justicia».

Gustavo García, abogado de Pamela Martínez, a quien los medios identifican como una exasesora de Correa, dijo que ella fue retenida en la ciudad de Guayaquil (suroeste) con fines de investigación y trasladada a Quito, donde rindió su versión.

«Parece que la Fiscalía pretende formular cargos a la señora Martínez, eso lo debe hacer dentro de las 24 que la ley prevé», dijo el sábado a los periodistas al apuntar que aún no tiene claro el delito del que se le acusa a su defendida, aunque suponen «que puede ser por un presunto delito de cohecho».

Y añadió: «Pamela Martínez está tranquila. Ella sabe que no ha cometido ninguna conducta que amerite un delito penal. Estaba saliendo del país por compromisos académicos que tenía con mucha anterioridad», por una maestría que realiza en México.