Amnistía pide a CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional este martes en su nuevo informe «Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela», sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en una nota de prensa.

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, dijo.

Según Amnistía, las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas.

Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad y propone que una instancia judicial independiente e imparcial, investigue.

La organización asegura que el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3,7 millones de personas a abandonar el país.

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Guevara.

Amnistía Internacional dijo que llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas, principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con el consentimiento de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en el informe «Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

Agregan que a lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.