AN apoya intercepción de buques en zona disputada con Guyana
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, cedió en su pugna con el gobierno de Nicolás Maduro para respaldar la intercepción de dos buques en una zona marítima cuya soberanía reclaman Caracas y Guyana.
«Celebramos el ejercicio de soberanía realizado por la Armada y rechazamos la conducta del gobierno de Guyana, al que exhortamos a regresar a los mecanismos (…) contenidos en el Acuerdo de Ginebra», señaló una comisión legislativa este viernes en un comunicado.
Venezuela informó que el pasado sábado su marina de guerra obligó a dos buques de exploración sísmica, contratados por la petrolera estadounidense ExxonMobil con permiso del gobierno guyanés, a retirarse de aguas venezolanas.
Guyana confirmó la intercepción de uno los navíos, asegurando que se trató de una violación de su plataforma marítima.
La Comisión para la Defensa del Esequibo y de la Fachada Atlántica del Parlamento consideró que ExxonMobil debe saber que «contratar un buque de exploración sísmica para que opere en aguas sujetas a una reclamación internacional es una provocación y una operación de alto riesgo».
«Guyana también es responsable, de acuerdo al Derecho Internacional, por otorgar concesiones en áreas que se encuentran en reclamación», añadió el comité, subrayando que la disputa territorial es una «cuestión de Estado».
No obstante, la cámara denunció nuevamente la «inacción» y el «abandono» del diferendo limítrofe por parte de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro, para articular apoyos diplomáticos con los países del Caribe.
Venezuela reclama soberanía sobre la región del Esequibo, rica en minerales y bosques, y con importantes yacimientos petroleros en su zona marítima.
Guyana, excolonia británica, sostiene en tanto que los límites fueron establecidos en 1899 por un tribunal de arbitraje.
Caracas nunca los reconoció y asegura que la controversia debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé una solución negociada.
Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien dicho tratado dio un mandato de buenos oficios, refirió el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hace cerca de un año. Venezuela no reconoce la competencia de ese tribunal.
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