AN aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización y Financiamiento de las ONG
Recientemente, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido a las autoridades venezolanas frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático».
Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por unanimidad este jueves, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, en su segunda discusión.
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Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al «terrorismo» porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan «guarimbas» (protestas violentas).
«Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad», explicó el legislador.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la «disolución de una organización social sin fines de lucro», a la que «deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso».
Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el «seguimiento y control del cumplimiento» de los «deberes y prohibiciones» establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
Hace poco, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido a las autoridades frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático».
Con información de AFP y EFE
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