AN aprueba polémica reforma de estatuto que asegura su continuidad después del #5Ene

La Asamblea Nacional sesionó este sábado para aprobar una reforma de la Ley de Estatuto de Transición para asegurar la continuidad de la actual legislatura a partir del 5 de enero, a través de la creación de una comisión delegada y un consejo político, medidas que generaron el voto salvado de la fracción de Acción Democrática (AD).

La reforma del Estatuto ha generado polémica y rumores sobre controversias entre los principales partidos de la legislatura que formalmente debería fenecer en enero, pero que al rechazar la votación del 6 de diciembre, se proclama como parlamento legítimo.

Básicamente, la Comisión Delegada podrá asumir de manera permanente las funciones íntegras del parlamento completo, incluso la iniciativa legal y las facultades de control legislativo, entre otras, como las autorizaciones de nombramientos, por parte del gobierno interino.

Evidentemente, la razón de esta reforma es asegurar la existencia de un equipo mínimo de trabajo y representación que impida la disolución de la legislatura, bien por persecución política o por otras razones.

En concreto, el polémico Consejo Político es definido en el artículo 18 de Estatuto reformado como un «órgano de coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Sus actos estarán sometidos al control parlamentario establecido en el artículo 187, numeral 3, de la Constitución».

«La actuación del Consejo Político se orientará a la procura de elecciones libres, justas y verificables, al pleno restablecimiento del orden constitucional y de la separación de poderes, y al rescate del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela».

Sobre su constitución, el artículo 19 dice lo siguiente: «La organización, competencias y régimen de funcionamiento del Consejo Político serán reglamentados por el Presidente encargado de la República mediante Decreto dictado de conformidad con los artículos 226 y 236, numerales 10 y 20, de la Constitución, en concordancia con el presente artículo, dentro de los treinta días continuos e inmediatos al 5 de enero de 2021. A través de dicho Decreto se fijarán los lineamientos de la reestructuración organizativa de la Presidencia encargada de la República y se derogará el Decreto N° 13 sobre la Creación del Centro de Gobierno de la Presidencia de la República, de fecha 28 de agosto de 2019«.

Este tema al parecer ha generado suspicacias porque, a juicio de varios dirigentes y partidos, refuerza el poder personal de Juan Guaidó en una circunstancia en la que no está claro cuánto tendría que durar el gobierno interino, bajo cuya responsabilidad hay activos financieros y empresariales externos de la república.

– Voto salvado de AD –

Acción Democrática se opone tanto al funcionamiento permanente de una Comisión Delegada, integrada según la pauta constitucional, como a la creación de este Consejo Político, debido a que las considera innecesarias.

Un punto relevante en el voto salvado es que el partido blanco considera que, en esta nueva etapa de continuidad, se debe hacer un esfuerzo mayor para que el funcionamiento parlamentario se ajuste irrestrictamente a las pautas establecidas en la Constitución, leyes y reglamentos.

A continuación el texto del voto salvado:

«La Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, apegada a la Constitución y al Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, ha decidido salvar su voto al Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde la llegada del chavismo al poder, Acción Democrática y su Fracción Parlamentaria, han estado firmes en su lucha frontal contra el régimen de Maduro, que tiene pasando las peores penurias y miserias a los venezolanos. Incluso, el 5 de enero del año en curso, fecha nefasta para la democracia, nuestra Fracción de manera íntegra se mantuvo al lado del sector democrático y constitucional, ninguno de sus diputados cedió a chantajes ni a ofertas engañosas.

Asimismo, los diputados que componemos este bloque parlamentario, militantes de Acción Democrática, ratificamos ante el país y el mundo nuestro rechazo absoluto a la farsa perpetrada el 6 de diciembre por el régimen, toda vez que ese evento no cumplió con ninguno de los requisitos ni garantías consagrados en nuestra legislación electoral.

Nuestros diputados fueron protagonistas del rechazo a dicho engaño, dado que se abocaron a explicar al pueblo las razones por las cuales no se debía participar en esa burla del 6 de diciembre y sí en la Consulta Popular como medio de participación social y soberana. Nuestra Fracción jugó un papel definitorio en la clara derrota del régimen y sus socios, los alacranes.

También esta Fracción reconoce y asume la continuidad de las funciones constitucionales de la actual Asamblea Nacional, ya que, por no haber existido elecciones parlamentarias, y por tanto, al no existir diputados legítimamente electos para ser juramentos el 5 de enero de 2021, conforme a nuestra legislación electoral, el Parlamento tiene la obligación jurídica de seguir cumpliendo sus atribuciones constitucionales.

Sin embargo, tenemos observaciones de fondo importantes sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos obligan a salvar el voto en esta oportunidad:

1. La responsabilidad legislativa y contralora del Parlamento debe mantenerse en el cuerpo en pleno de la Asamblea Nacional, como establecen los artículos 219, 220 y 221 de la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y no simplemente en la Comisión Delegada que tiene unas funciones específicas. Creemos que la mejor fórmula para garantizar el ejercicio de la continuidad constitucional de la Asamblea es con la aplicación plena de sus órganos y funciones;

2. También creemos innecesaria la creación de un Consejo Político, para ejercer funciones que perfectamente podría realizar la Asamblea Nacional o el Presidente Encargado de la República. Las atribuciones que se determinan para ese nuevo órgano son de corte parlamentario, es decir, legislativo y de control, que corresponden a la Asamblea Nacional, y reglamentario, que son competencia del Presidente Encargado de la República;

3. En todo caso, cree esta Fracción que es suficiente mantener la vigencia del Estatuto, que con las herramientas jurídicas y políticas que dicha legislación concede a esta legítima Asamblea Nacional, se garantiza la continuidad de las funciones constitucionales de nuestros diputados y de este Parlamento. El Estatuto vigente satisface las expectativas funcionales de la Asamblea Nacional, sus facultades y permanencia por no haberse elegido constitucionalmente a quienes habrían de sustituirla.

A pesar de esta puntual discrepancia, dejamos claro al país y al mundo que los diputados de Acción Democrática, y toda su militancia, siguen y seguirán defendiendo nuestra Carta Magna, buscando espacios para lograr una Venezuela democrática, exigiendo condiciones electorales reales y suficientes, que nos permitan salir de la crisis que atraviesa Venezuela por la vía constitucional, pacífica y democrática que siempre hemos luchado. Asimismo, ratificamos nuestro apoyo, como siempre lo hemos hecho, al presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó.

Esta Fracción Parlamentaria no cederá en su compromiso íntegro, sincero y real, con la Unidad, la libertad y el cambio».