El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, advirtió a las empresas mineras que los contratos firmados con el gobierno de Nicolás Maduro carecen de validez por tratarse de un «presidente ilegítimo».
En un acuerdo aprobado en plenaria, el Legislativo señaló que «no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones» otorgadas desde el pasado 10 de enero, cuando Maduro asumió para un segundo mandato que -según la oposición- resultó de elecciones fraudulentas en 2018.
Esos actos «son nulos», subrayó la cámara presidida por Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos.
En junio pasado, el mandatario socialista anunció inversiones por 7.700 millones de euros para la explotación de 13 minerales, entre ellos oro, mediante «alianzas» con empresas nacionales y extranjeras -que no detalló- entre 2019 y 2025.
El Plan Nacional Minero es «la alternativa no petrolera en la creación de riqueza en Venezuela«, sostuvo entonces Maduro, durante cuyo gobierno Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna con hiperinflación y el derrumbe de la vital producción de crudo.
Guaidó denunció este martes en el hemiciclo que el gobierno de Maduro ha vendido «casi 200 toneladas de oro de manera irregular, que representan unos 9.600 millones de dólares que simplemente los han saqueado».
Dentro de su estrategia para asfixiar financieramente a Maduro, Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven y a su presidente, Adrián Perdomo, acusándolos de realizar operaciones de oro ilícitas que sostienen a la «dictadura», medida que el gobernante tildó de «criminal».
En su primer mandato, el líder chavista suscribió contratos por 5.000 millones de dólares con empresas como la canadiense Gold Reserve, en febrero de 2016.
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