AN denuncia emisión de deuda "ilegal que no será exigible"
El Parlamento denunció este martes la emisión «ilegal» por parte del Gobierno de más de 3.000 millones de bolívares de letras del tesoro y de más de 65.000 millones de bolívares (23,5 millones de dólares al cambio oficial más alto), que «no son exigibles» a la República.
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, el diputado Alfonso Marquina, que advirtió a quienes compren la deuda emitida -con vencimiento en 2034- que no será exigible al Estado al no haber sido aprobada por el Parlamento como demanda la Constitución, reseña EFE.
La emisión de deuda ha sido anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas en la página web de la Oficina Nacional de Crédito Público, que ha publicado un «cronograma de subastas de letras del tesoro» y «bonos de la deuda pública» con los detalles.
«Pero lo grave es que la pretensión del Ministerio de Finanzas es obligar a la banca privada comercial venezolana a que compre estos bonos con la excusa de que puede utilizarla ante el Banco Central de Venezuela», agregó Marquina.
«Alerto a la banca comercial: lo que está allí en bóveda es el dinero de Venezuela, y ellos no se pueden prestar para que el Gobierno nacional emita unos papeles chimbos y le confisque los ahorros al pueblo», concluyó.
El diputado adelantó que el Parlamento notificará a instituciones locales e internacionales la «ilegalidad» de esta emisión de deuda.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN advirtió asimismo del agravamiento de los problemas de liquidez que ya sufre Venezuela que supondría la colocación de la deuda, prevista entre mañana y el 27 de septiembre.
Fuentes del sector financiero indican que seguramente la banca pública será la que absorba la mayor parte de esta emisión de deuda, mientras que los bancos privados se abstendrían de comprar los títulos mientras esperan análisis por parte de sus departamentos legales.
Especialistas consultados sostienen que el Ejecutivo seguirá recurriendo al financiamiento monetario para la cobertura del gasto público, mientras que el sistema financiero seguirá atendiendo la demanda crediticia del mercado.
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