Análisis | Colombia hace una apuesta audaz por la migración ordenada de venezolanos

La decisión del Gobierno colombiano de crear un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos es una medida audaz del presidente Iván Duque para regularizar a millones de personas que se vieron obligadas a dejar su país por la crisis pero también una forma de controlar la migración ilegal.

El Estatuto es una carta de derechos que beneficiará a unos 2 millones de inmigrantes venezolanos, regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país, incluso con hijos nacidos en territorio colombiano.

El carácter «humanitario» e «histórico» de la medida ha sido aplaudido por la comunidad internacional, que no ha economizado elogios al país «por su generosidad y compromiso», como lo expresó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

El Estatuto, que tendrá una vigencia de diez años, da a los venezolanos «la posibilidad de hacer su vida en Colombia, de trabajar, desplazarse en el territorio y la inclusión en el sistema de seguridad social, por supuesto la inclusión en salud que nunca se les ha negado, la educación y la inclusión financiera», manifestó este martes el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

– Ni nacionalidad ni voto –

Sin embargo, y a pesar del revuelo que la medida ha causado en las redes sociales, el Estatuto no dará la nacionalidad colombiana a los venezolanos ni tampoco el derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2022 como se ha especulado.

«En Colombia, por disposición legal -una disposición que es la Ley 1070 y que tiene más de 10 años-, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales», aclaró Espinosa ante la avalancha de noticias falsas en ese sentido.

Este proceso es muy diferente al que hizo en 2004 el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, quien dio la nacionalidad a unos 250.000 extranjeros, en su mayoría colombianos, aparentemente con fines electorales, lo que en su momento fue duramente criticado por la oposición.

Hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1.729.537 migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón están indocumentados y unos 800.000 están con su situación regularizada, entre ellos hijos o nietos de colombianos que emigraron en las décadas de 1970 y 1980 en busca de la prosperidad que ofrecía entonces el país petrolero.

El Estatuto de Protección Temporal sustituirá los Permisos Especiales de Permanencia que tienen algunos venezolanos en el país y cuya vigencia es de dos años, pero no alterará las condiciones de quienes están establecidos con visados de residencia, que no necesitarán cambiar su estatus.

– Tres grupos de migrantes –

Para hacer el proceso de manera ordenada los migrantes venezolanos serán clasificados en tres grupos, el primero de los cuales será el de la llamada «población regular», que son aquellos que tienen permisos vigentes, los cuales serán absorbidos por el Estatuto de Protección Temporal y que representan más del 40 % del total.

En segundo lugar está la «población irregular», compuesta por más de 966.000 venezolanos «que hayan estado en el territorio nacional antes del 31 de enero de 2021» y estén sin resolver su situación legal.

Quienes hagan parte de este grupo, según el director de Migración Colombia, «tendrán que presentar pruebas sumarias de su permanencia» en el país, para lo cual serán válidos documentos como el certificado de que sus hijos ya estaban estudiando aquí antes de esa fecha.

La norma también deja una puerta abierta para un tercer grupo, el de quienes se quedaron en Venezuela y deseen acogerse a ese beneficio, que tendrán un plazo de dos años para hacerlo, siempre y cuando ingresen a Colombia por un puesto migratorio oficial y se registren al hacer su entrada.

«El Estatuto no es una herramienta para aumentar la llegada de migrantes hacia Colombia», advirtió Espinosa, quien señaló que esta mano tendida «es un gran desafío para Colombia» que «no se puede quedar sola en esto».

– Controles en la frontera –

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros con siete pasos fronterizos, tres de los cuales están entre el departamento de Norte de Santander y el estado de Táchira, pero todos están cerrados actualmente por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de coronavirus.

A pesar del cierre de fronteras, por las centenares de trochas abiertas principalmente entre la ciudad colombiana de Cúcuta y la venezolana de San Antonio siguen circulando ilegalmente a diario y arriesgando la vida miles de venezolanos, como lo han hecho desde siempre los contrabandistas.

Por eso, el Estatuto de Protección Temporal también servirá para desincentivar la migración ilegal ya que quienes lleguen en los próximos dos años a Colombia con la intención de acogerse a ese beneficio tendrán que hacerlo por los puestos fronterizos autorizados.

«No vale entrar por las trochas», dijo el director de Migración Colombia, quien advirtió a los migrantes que no crean en las promesas de bandas que se lucran con esta actividad y «les proponen el paso por trochas y la promesa de entrar en el Estatuto» porque eso es falso.

El objetivo del Gobierno es avanzar en el desmantelamiento de organizaciones de «coyotes» que operan en la frontera para tener un mayor control de la migración y evitar delincuentes y personas que puedan comprometer la seguridad nacional dadas las diferencias políticas existentes entre los dos países.

– Componente económico –

La migración ordenada también tiene un componente económico porque permitirá a los venezolanos, que en su mayoría viven en la informalidad, acceder a trabajos mejor remunerados y hacer las contribuciones sociales.

Según datos oficiales, la migración le cuesta al país anualmente unos 1.500 millones de dólares, costo que el Gobierno espera reducir en un 30 % porque al saber cuántos son, dónde están y cuál es la situación de los venezolanos se podrá planificar mejor su atención, por ejemplo con tratamientos preventivos en salud que pueden disminuir el gasto en emergencias médicas que es más elevado.