Análisis | Cómo "nivelar el terreno de juego" y estimular una economía realmente competitiva

El constreñimiento “súbito” y continuo de la actividad económica petrolera en el país y, en consecuencia, la desaparición de las rentas asociadas ha motivado que muchos analistas asomen el eventual o supuesto fin del rentismo en Venezuela.

Lamentablemente, la renta petrolera no constituye la única fuente de incentivos, aún cuando posiblemente en el pasado fue una de las más poderosas, que ha motivado comportamientos de búsqueda de captura de rentas.

Estas conductas no sólo representan un enorme costo de oportunidad a la sociedad, en la medida que se sacrifica la competencia y la eficiencia como medios para que las empresas se posicionen y consigan mercados, sino que, incluso, parte de las rentas capturadas son despilfarradas en labores de lobby y captura, agotándolas en extremo en actividades no productivas.

Adicionalmente, la captura de las instituciones y políticas públicas constituye una importante fuente de rentas derivadas de protecciones contra la libre competencia que supondría menores precios, mayor calidad e innovación en favor de los ciudadanos en su rol de consumidores finales.

“Nivelar el terreno de juego”, o fijar condiciones previas no discriminatorias en contra de jugadores específicos, así como garantizar una neutralidad de las normas para evitar otorgar ventajas competitivas artificiales en detrimento de los consumidores, de competidores eficientes y del bienestar social, ha cobrado especial relevancia recientemente producto de la irrupción de nuevos modelos de negocio y de la aplicación de tecnologías en mercados tradicionales.

A la luz de esta discusión, en términos muy generales, se asoman como alternativas, por un lado, incorporar a los nuevos participantes en los mercados tradicionales en el alcance de normas y regulaciones o, por el otro lado, eliminar regulaciones y cargas normativas sobre los operadores tradicionales.

Obviamente la respuesta no debe ser automática ni general, por lo que se requieren análisis y respuestas caso por caso, donde se entienda el funcionamiento de dichos mercados, las características de los nuevos modelos de negocios, así como la naturaleza, asidero y/o caducidad de las normas y regulaciones hasta la fecha aplicadas.

Por mencionar un ejemplo, países desarrollados, no caracterizados por construir el origen geográfico de compañías Big Tech del sector audiovisual, analizan qué modificaciones legales deben realizar para incluir a proveedores “no licenciados”, ni ubicados domésticamente, que proveen servicios de contenido audiovisual tipo OTT, en el cumplimiento de aportes del tipo impositivo en favor de fondos de financiamiento para el desarrollo de la industria audiovisual nacional.

El asidero que podría intuirse provendría del hecho que el valor del mercado doméstico se deriva de los usuarios y clientes nacionales, por lo que quienes capturen parte de dicho valor, podrían o deberían contribuir a dicho fondo.

Otros casos resultan más complejos por exigir analizar el asidero y la forma sobre cómo obligaciones, cargas y aportes normativos, por ejemplo, referidos al mercado laboral y específicamente a la relación entre trabajador y empleador, podrían aplicarse en la economía colaborativa.

Para un Estado Benevolente, así como para una sociedad en su conjunto, el tema podría encararse desde ambas perspectivas, desde la estática (equilibrio parcial) y desde la dinámica, valorando cuál es el efecto neto en favor del Bienestar Social y la eficiencia económica, sin dejar de lado, a priori, preocupaciones ante desvíos socialmente difíciles de admitir desde la perspectiva de la equidad.

Los que podrían ser desechados de antemano serían aquellos casos de captura de las instituciones públicas que no solo lesionan la eficiencia en los mercados, sino que pueden y suelen alejarse de cualquier criterio de equidad.

La proliferación de reclamos por parte de productores locales por “nivelar el campo de juego” respecto a la competencia proveniente de productos finales importados -e incluso respecto a ciertos insumos de origen importado- podría constituir una “oportunidad” para analizar la situación de nuestro sector productivo.

Si bien la literatura económica asoma los beneficios del comercio internacional que permite expandir las posibilidades de consumo más allá de nuestra “frontera de posibilidades de producción”, así como el poder disciplinador de las importaciones, ofreciendo a los consumidores domésticos la ventaja de un precio techo en los valores de paridad de importación, podrían valorarse los efectos dinámicos en términos de nuestro potencial productivo a futuro.

Si el Gobierno ha priorizado exclusivamente el corto plazo, el acceso a los bienes y el excedente de los consumidores venezolanos, cuando menos en materia arancelaria, dichas barreras deberían ser levantadas no sólo para productos de consumo final, sino para insumos que se incorporarían en la cadena de valor doméstica. Lo anterior no sólo no estaría en conflicto con la solicitud de nivelación del campo de juego, sino que adicionalmente constituiría una política pública neutral a lo largo de los distintos estadios de las cadenas de valor.

Con identificar ineficiencias y barreras contra la actividad económica a lo largo de la cadena de valor doméstica podrían corregirse distorsiones consiguiendo mejoras paretianas que podrían beneficiar a los productores domésticos en todos los estadios de la cadena de valor, así como los consumidores finales.

Constituiría una miopía con efectos reputacionales negativos hacia el sector privado que este no atienda fundamentalmente estos problemas a ser resueltos y se aboque a la captura de rentas en detrimento abierto del bienestar social (quizás, una especie de dilema del prisionero).

Un despliegue de esfuerzos en defensa de los aranceles como fuente de rentas luciría como un ejercicio directo y descubierto de búsqueda de captura de las políticas públicas por parte de los productores en cuestión, con repercusiones negativas no sólo sobre la eficiencia de los mercados y la competencia sino sobre la equidad, eventualmente y en términos generales obviando casos especiales de empresas poseídas por fondos de inversión en manos microinversionistas que operan en mercados de bienes de lujo.

Sin embargo, adviértase que aún cuando esta parece constituir una forma directa de buscar defender sus intereses y capturar ciertas rentas, existe otra forma “velada” de buscar la captura al enarbolar una nivelación del campo de juego no respecto a aranceles obviamente, sino respecto a cargas regulatorias domésticas.

En este orden de ideas, como mencionáramos anteriormente, las alternativas serían por un lado, solicitar que dichas cargas recaigan asimismo sobre los productos de origen importados, o por el otro lado, solicitando la derogación y la eliminación de la aplicación de dichas normas sobre los productores domésticos.

La última alternativa mencionada, per se, no tendría por qué ser vista como la búsqueda de captura de las políticas públicas, por ejemplo en aquellos casos donde su caducidad se haya producido, bien producto de su inocuidad o ineficiencia, o porque las preocupaciones de política pública hayan desaparecido.

Sin embargo, lo que sí constituiría un despropósito es solicitar la eliminación de una eventual carga normativa que cuente con asidero doméstico, cuyo origen sea local y recaiga sobre un productor doméstico o que dicha normativa se traduzca en una carga económica, buscando aumentar los costos de los rivales de origen foráneo.

Esto último no nivelaría necesariamente el campo de juego, sino eventualmente lo desnivelaría, creando justamente ventajas artificiales en detrimento de los consumidores y la eficiencia del mercado. Por ejemplo, en aquellos casos del ingreso en los mercados domésticos de producción y/o provisión de servicios de modelos de negocios disruptivos, basados en economía colaborativa, la pregunta se ha enfocado al asidero y la vigencia de los objetivos de política pública que habrían justificado en su momento la regulación en cuestión, lo que sería obviamente muy distinto a aplicar a oferentes foráneos cargas normativas que buscan atender, por ejemplo, fallas de mercado domésticas, como externalidades negativas, suficientemente demostrada la causalidad por parte del agente sobre el cual recae la carga o la responsabilidad.

La recuperación económica y social de Venezuela no sólo exige conocimiento técnico en materia de políticas públicas, sino igualmente una buena carga de ética por parte de líderes y responsables de instituciones y organizaciones con pretensiones de incidencia sobre las políticas públicas y el próximo marco institucional.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)