#Análisis: Criptomonedas como mecanismo de protección del poder adquisitivo en Venezuela
En 2023, Venezuela ocupó el puesto 40 de 155 países en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis
El sector de las criptomonedas enfrenta en Venezuela una serie de debilidades relacionadas con servicios, legislación y educación, lo que juega en contra de su desarrollo en el país, donde estas divisas virtuales se usan, básicamente, como reserva de valor, mientras que su peso en transacciones comerciales se mantiene reducido y sin crecimiento, según expertos.
Si bien la inflación se ha desacelerado, para «mucha gente no tiene sentido» mantener su dinero en bolívares, y prefieren cambiarlo por otra divisa para proteger su poder adquisitivo. Una de esas opciones son las criptomonedas», explica a EFE el economista Aarón Olmos, especialista en el área.
«Los venezolanos no las usan a nivel transaccional, sino como un elemento de reserva de ahorro», asegura el también profesor universitario. De esta manera, los ciudadanos protegen su dinero de los «embates de la situación económica», señala.
El uso de las criptodivisas para pagos en comercios «ha disminuido en comparación con años anteriores», principalmente, 2018 y 2019, cuando «hubo un boom» y «muchas empresas comenzaron a aceptarlas como forma de pago».
De acuerdo con la firma Ecoanalítica -que elabora periódicos estudios para medir las transacciones en comercios del país-, los pagos en criptominedas equivalen al 1,2 % del total, una cifra que se mantiene constante desde 2022.
Se trata de un porcentaje «bastante marginal y bajo» que refleja las «barreras educativas respecto al manejo del ecosistema criptomoneda», detalla a EFE el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
«No son unas metodologías, unos sistemas de pago que estén tan extendidos en la población, ni que los comerciantes conozcan», agrega.
Adopción de criptomonedas en Venezuela
En 2023, Venezuela ocupó el puesto 40 de 155 países en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis, por detrás de otros países latinoamericanos como Colombia (32), México (16), Argentina (15) y Brasil (9)-, cuando en 2021 se situó en el séptimo lugar de la lista mundial. En 2022 no figuró en la clasificación.
El punto de inflexión en el sector fue la reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), ordenada en marco de 2023 por el Gobierno tras desvelarse la trama de corrupción PDVSA-Cripto, por la que 67 personas fueron detenidas, entre ellas el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami y el jefe de la superintendencia Joselit Ramírez.
Desde el golpe a esa la trama, indicó Olmos, todas las empresas con licencia para operar «se mantienen intervenidas y suspendidas», y sin actividades ni ingresos. Algunas de ellas «prácticamente han desaparecido
En marzo de 2024, las autoridades venezolanas prorrogaron por seis meses más el plazo para el proceso de reestructuración.
Limitaciones para el uso
Pese a ello, aún hay operadores que «siguen trabajando», entre ellos, los que se dedican al ‘trading’ (compraventa), aunque con ciertas limitaciones específicas de Venezuela, como los cortes en el suministro eléctrico, que dificultan el desarrollo de «una economía grandemente digital», comenta Aarón Olmos.
Entre los factores que juegan en contra del desarrollo del mercado de la criptomonedas también figura la falta de formación y el desconocimiento en el uso de las herramientas para las transacciones.
«Nuestros centros de formación educativos no están tan abiertos al cien por ciento para hablar del tema cripto. Todavía vemos cierta resistencia a explicar estos temas», comenta el economista.
Por otro lado, la normativa venezolana «ha complejizado la actividad de los operadores» y pone obstáculos para que lleven a cabo sus funciones, agrega el especialista.
A esto hay que agregar la desconfianza derivada de «malas experiencias» con el uso del ‘petro’, una «criptomoneda» que lanzó el Gobierno en 2017 y que hoy está en desuso.
El ‘petro’ fue usado por el Ejecutivo para el pago de pensiones y bonificaciones, fijar costos de trámites, cobrar la gasolina subsidiada y algunos servicios, pero actualmente no se utiliza.
Con información de EFE
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