Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?

La agencia de noticias española EFE informa que “el Gobierno de Nicolás Maduro se mostró este miércoles abierto a permitir que opere un sector privado y un mercado privado para la inmunización contra la covid-19 en Venezuela, como una forma de contrarrestar el ‘bloqueo’ de recursos que, según ha dicho, ha complicado la compra de vacunas”.

La inmunización masiva, como forma de control de un vector de contagio y como “bien público”, es materia de interés público. En el caso de enfermedades contagiosas, por presentarse una externalidad negativa -la posibilidad de contagiar a un tercero-, se justifica la acción pública, porque el nivel de vacunación privada y voluntaria podría ser inferior al socialmente deseado, en la medida que quien se vacuna valora la eliminación o la reducción del riesgo que el virus le implica, pero no internaliza el beneficio social -más allá de su entorno- que se deriva de que pueda salir de la población de riesgo de contagiarse y contagiar.

El gobierno venezolano, una vez reconocido su incapacidad de tener acceso a las distintas vacunas para el COVID-19 en tiempo y cantidades necesarias, asoma la posibilidad de un mercado privado complementario a las importaciones o adquisiciones gubernamentales de las vacunas. Analicemos la propuesta:

Primero, destaca que Venezuela, específicamente su gobierno, resulta confeso incapaz de articular política pública alguna, basada en el deber ser, que la teoría y la práctica internacional asoman como eficiente, justa y normal.

No profundizaremos en este tema, pero este resulta justamente el más importante de nuestros problemas más allá de la respuesta pragmática que se pueda dar al tema del COVID-19, porque dicho problema suele replicarse en todo ámbito de la vida en sociedad en Venezuela: falta de instituciones, de democracia, independencia de poderes, conocimiento técnico en materia de públicas públicas, gobierno probo y capaz, y finalmente el secuestro del Estado por un grupo de poder.

Segundo, siendo que el gobierno reconoce su fracaso, incapacidad e imposibilidad: ¿Un mercado privado para la inmunización es la respuesta?

Dejando a un lado lo que la teoría económica explica sobre las externalidades negativas y la necesidad de una acción del Estado en materia de inmunización, ya antes aludida, pueden realizarse algunas precisiones. Siendo que el gobierno venezolano no cuenta con el crédito internacional para tener acceso a las vacunas en tiempo y cantidad, efectivamente un mercado privado podría, eventualmente, ampliar lo que ya se ha anunciado como una precaria y limitada política pública de vacunación.

Sin embargo, la naturaleza de las negociaciones entre gobiernos y las farmacéuticas, así como los requisitos tecnológicos y de logística para su adquisición y traslado, aunados a la ya denunciada situación internacional de insuficiencia de la producción y disponibilidad de las vacunas, no auguran que un sector privado de un país -menos una empresa individualmente- de una economía con un poder de compra famélico vaya a tener poder de negociación suficiente, ni el éxito requerido o pretendido.

Sin menoscabo de lo anterior, de existir, supongamos, un “mercado spot”, donde empresarios privados venezolanos puedan ofrecer un precio por lotes, efectivamente será mayor la posibilidad de acceso a las vacunas por parte de la sociedad venezolana. Si efectivamente estamos hablando de un mercado privado libre, con una oferta pequeña y rígida en el corto plazo, obviamente el precio terminará siendo determinado por quienes posean las más altas disponibilidades de pago.

Dicha “política pública” o “no-política” (como quieran nombrarla) implicará aumentar la inmunización en la medida que las “vacunas públicas” no canibalicen por completo -personas con disponibilidad de pago por vacunación recibiendo “vacuna pública” gratuita- la adquisición de las “vacunas privadas”, más allá y justamente debido a definiciones de política pública sobre los sujetos que recibirían la “vacuna pública”.

Se presenta acá un objetivo de inmunización, buscando ampliar las vías de acceso a las vacunas, con un eventual problema de asimetría de información y oportunismo por un lado, así como un problema de equidad típico de un país con instituciones débiles donde se impone el estado de la naturaleza por el otro lado.

Todas aquellas personas que correlativamente ponderan el riesgo de contagio, valoran a la salud como un bien y posean alta disponibilidad y capacidad de pago, tienen los incentivos para adquirir la vacuna en un mercado privado (obviamente dependerá del precio de mercado y si estos son demandantes inframarginales).

“Lo ideal” para ampliar el número de personas vacunadas es que ninguno de estos individuos accedan a la “vacuna pública”, para que esta sea aplicada a persones que no poseen disponibilidad o capacidad de pago.

Llamamos la atención al inicio que un gobierno sin crédito es parte del problema, a lo que puede sumarse la pregunta de si quien asiste al mercado privado de vacunas no tiene el mismo derecho de acceso a una “vacuna pública” gratuita financiada públicamente. Pero este tema no lo tocaremos en el presente artículo.

Sin embargo, la definición de grupos prioritarios podría atentar contra la lógica anterior y contra la maximización de personas vacunadas, por una definición no basada en criterios económicos. Entiéndase que no estamos pronunciándonos sobre la “superioridad” de criterio alguno, ni cuestionando criterios más que razonables referidos a población vulnerable, sino que destacamos el eventual impacto que sobre el número de personas vacunadas podrían tener criterios de dfinición distintos a la disponibilidad de pago, y en específico para el caso de “vacunas públicas” la baja capacidad de pago.

Adicionalmente se presenta un problema de asimetría de información que puede dificultar la discriminación de personas por disponibilidad de pago, aunado a un eventual oportunismo por parte de grupos definidos o por definir como priorizados, ya que, eventualmente, ante vacunas equivalentes, preferirán una vacuna gratuita a una paga por más que tengan capacidad para pagarla.

Dicho lo anterior, un mercado privado de vacunas que complemente a la política de “vacunas públicas” puede resultar progresivo y aumentar las personas vacunadas, en el entendido que personas con disponibilidad de pago e incentivos para vacunarse para evitar o reducir riesgos de contagio y sufrimiento del COVID-19, estarían dispuestos a adquirirlas, dejando las “vacunas públicas” disponibles, eventualmente y en la medida que sea suficiente su número, más allá de la población definida como prioritaria, como para atender población de bajos recursos, partiendo de la existencia de un mecanismo de discriminación eficiente del tipo de tercer grado.

Finalmente, no deja de hacer mucho ruido que este gobierno, sin crédito y sin capacidad de desplegar una política pública de vacunacion como otros países estarían haciendo, asome como respuesta “páguese usted mismo su vacuna” como política de salud pública. Constituye un desprecio terriblemente regresivo para aquellos que no poseen disponibilidad de pago en un país con 96% de pobreza, lo que augura a la estrategia gubernamental un absoluto fracaso.

Se termina llamando, nuevamente, al sector privado para intentar resolver problemas que ha creado el gobierno o que son responsabilidad de este. ¿Quieren otro ejemplo? La inflación y los controles de precios.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)