Análisis | Cuando la Sundde ataca de nuevo

La falta de predictibilidad institucional y regulatoria, la volatilidad macroeconómica, y el vacío de contenido, fundamentos, análisis económico y el debido proceso de las acciones en materia de políticas públicas y normativas-administrativas resulta alarmante.

En ocasiones la desproporcionalidad de las acciones públicas, sin análisis previo del impacto de las regulaciones, en la mayoría de las ocasiones genera consecuencias tan regresivas que resultan insólitas.

No cabe duda que las víctimas de dicha situación somos todos los venezolanos, tanto en nuestro rol de consumidores, así como en el de empresarios. Ya que el marco dentro del cual se desarrollan las actividades económicas no resulta propicio para la proliferación y multiplicación de intercambios e inversiones que coadyuven a superar la crisis, llama la atención que los menos atomizados de los actores económicos involucrados en los intercambios y los legítimos representantes del pueblo en el parlamento parecen resignarse a esperar por una mejor suerte en el futuro.

Los medios oficiales de comunicación informan que la Sundde reactiva sus actividades fiscalizadoras y sancionadoras, producto de numerosas denuncias sobre ajustes al alza de precios de bienes y servicios, una vez iniciado el año 2020.

A lo largo del lamentable proceso de desinstitucionalización, desgobierno y desmontaje de institutos jurídicos-económicos como los derechos de propiedad en Venezuela han sucedido etapas de mayor o menor “virulencia regulatoria” que, al hacer seguimiento de alguno de los argumentos esgrimidos por las máximas autoridades del ejecutivo y de las autoridades administrativas-regulatorias (más allá de hacer una simple lectura de la Ley de Precios Justos), se evidencia una grosera falta de predictibilidad, institucionalidad, debido proceso, contenido y argumentos regulatorios.

Para utilizar el mismo ejemplo de la Sundde, uno de los argumentos esgrimidos por dicha institución en sus actuaciones sancionatorias era que, producto del acceso a divisas oficiales (en su momento), el ente administrativo-regulatorio podría inmiscuirse en la formación de márgenes y precios de las empresas privadas.

En la actualidad, aun cuando la oferta pública de divisas ha quedado cerrada para el sector privado, se alegarían aumentos de precios abusivos o desproporcionados sin que hasta la fecha haya existido contenido, definiciones y jurisprudencia que desarrolle en Venezuela una doctrina en materia de comercio interno, específicamente en materia de producción al consumidor y competencia en los mercados.

La urgencia del análisis económico de las normativas en materia económica, que permitan validar y justificar su existencia o caducidad, el vacío del contenido en normas como la Ley de Precios Justos y la falta del debido proceso, resulta sólo comparable con la perplejidad con la que los principales dolientes y la comunidad de “practitioners” ha asumido dicha situación.

El hecho que la Sundde aparezca impredecible y desproporcionadamente de vez en cuando (cada vez con menor frecuencia), y que la economía se haya ido dolarizando de facto, no significa que en Venezuela los derechos y las libertades económicas no constituyen una concesión graciosa del estado.

¿Qué se alega actualmente por parte de la Sundde en sus actuaciones administrativas? ¿A cuál naturaleza regulatoria responde o debería responder la Ley de Precios Justos? ¿Cuenta Venezuela con una normativa de protección al consumidor económicamente fundamentada? ¿Existe una definición de precios abusivos o excesivos en Venezuela y cuál es su relación con el interés económico general?

¿Existe una conducta de acaparamiento susceptible de ser definida como ilícito y cuál sería su definición, su teoría del daño y cuál debería ser el test económico-jurídico sobre su plausibilidad? ¿Existe en Venezuela una política de competencia? ¿Hay en Venezuela mecanismos que protejan a la sociedad de fallas de gobierno y de despropósitos regulatorios, en muchas ocasiones regresivos?

Por más que Maduro asegure que gracias a Dios la economía se está dolarizando, autorregulándose, sin el análisis económico, la justificación económica de los institutos jurídicos regulatorios vigentes y sin el debido proceso, ni mecanismos de análisis de impacto regulatorio y de análisis económico del derecho, el riesgo regulatorio es brutal y las libertades económicas continuarán siendo una concesión graciosa.

Aun cuando la institucionalidad gubernamental se encuentre secuestrada, la sociedad civil puede y debe, en consecuencia, “suplantar” o corregir la falta de análisis y responsabilidad pública, porque por un lado se le señala a la sociedad las fallas de gobierno elevando el costo político de las malas políticas públicas (en caso que esto pueda interesarle al gobierno a estas alturas) así como el enorme costo social que representa la actual administración, pero igualmente permite señalar un camino y un modelo de país distinto, más eficiente y justo.

Puntualmente los gremios empresariales podrían perfectamente crear un panel, un espacio o una unidad de Análisis Económico del Derecho que permita asistencia al sector privado no sólo respecto a políticas públicas y regulatorias transversales, así como sectoriales, sino igualmente respecto a acciones y procesos administrativos contra sus empresas.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela