#Análisis: Escándalo de corrupción sacude ecosistema de criptomonedas en Venezuela
Según una encuesta presentada el año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, un 10,3% de la población venezolana posee ‘criptos’, frente a 8,3% en Estados Unidos y 5% en el Reino Unido.
El mundo de las criptomonedas en Venezuela, muy activo por la búsqueda de refugio ante la inflación y el bajo costo de la electricidad necesaria para operar con estos activos, se ve sacudido por un escándalo de corrupción que tiene su epicentro en la petrolera PDVSA.
El gobierno de Nicolás Maduro apostó fuerte por los criptoactivos como vía para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela, e incluso lanzó en 2018 una criptomoneda estatal, el petro.
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Las cosas, sin embargo, dieron un giro: la estatal Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) quedó enredada en un escándalo de corrupción en PDVSA y otras empresas e instituciones estatales. La trama ha dejado decenas de funcionarios detenidos y derivó en la renuncia del otrora ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
El caso
Tras denuncias de la fiscalía, de irregularidades en el manejo de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos, el presidente de la superintendencia, Joselit Ramírez, fue arrestado en marzo, al igual que el jefe de operaciones de minería digital de la institución, Rajiv Mosqueda.
Inversores en criptomonedas aseguran que, en medio de las investigaciones, múltiples órdenes de apagar granjas de minería digital (centros donde se producen estos activos) y exchanges (plataformas de intercambio de criptos) han paralizado el ecosistema local.
La AFP consultó con fuentes judiciales sobre el número de granjas y exchanges afectados, sin respuesta hasta el momento.
«Están torpedeando la minería. Averigüen lo que tengan que averiguar, ¿pero por qué tienen que apagar todo?», se preguntó en diálogo con la AFP Humberto Quevedo, directivo de la privada Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP) y de la plataforma especializada CryptoLand Venezuela, quien pide mayor «transparencia» de parte de las autoridades.
«¿Tú tienes un problema y tu solución es agarrar una ametralladora y matar a todo el mundo?», cuestiona Quevedo.
La Superintendencia de Criptoactivos está ahora bajo control de una junta interventora, pero su sede permanece cerrada desde la detención de Ramírez. Incluso las letras metálicas plateadas del cartel de ‘SUNACRIP’ a las puertas del edificio en el centro de Caracas fueron retiradas, constató la AFP.
El uso de criptomonedas era alto en Venezuela mucho antes de la apuesta de Maduro por el petro. Estos criptoactivos fueron vistos como refugio frente a una inflación crónica y la constante depreciación de la moneda local, el bolívar.
Según una encuesta presentada el año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, un 10,3% de la población venezolana posee ‘criptos’, frente a 8,3% en Estados Unidos y 5% en el Reino Unido.
Minería digital en «un limbo»
La minería de criptomonedas como el bitcoin proliferó en la última década en Venezuela, impulsada por el bajo costo de la energía necesaria para su producción o ‘minado’, pese a severos problemas de suministro eléctrico. Perseguida al principio, el gobierno la autorizó cuando viró hacia los criptoactivos y la fomentó con granjas de minado estatales.
La SUNACRIP, creada en 2018 por el gobierno de Maduro, otorgaba licencias de operación.
«Todas las personas que trataron de legalizar su estado (ante la SUNACRIP) quedan expuestas», dice a la AFP Luis -nombre ficticio para proteger su identidad-, quien apagó dos granjas de minería de bitcoin en las que tenía unas 500 máquinas. «Están mejor quienes lo hacían anónimamente», se queja.
«Yo eliminé las granjas. Es un absurdo que vengan y te obliguen a apagar todo hasta nuevo aviso. Todo esto nos devuelve a un limbo legal», agrega.
Fallas con el petro
Al mismo tiempo, el ambiente se enrareció aún más en los últimos días por la paralización de transacciones con petros, sin explicaciones de las autoridades. El uso de esta criptomoneda ha estado siempre prácticamente restringido a operaciones con el Estado.
«Repentinamente y sin aviso» la cadena de bloques del petro, tecnología que permite registrar operaciones en esa criptomoneda, «fue paralizada, imposibilitando transacciones», indicó el fin de semana un comunicado divulgado por la plataforma CryptoLand.
La cadena de bloques o «blockchain», paralizada desde el miércoles, se reactivó fugazmente el sábado, para después volver a congelarse hasta el lunes.
Un probable error de sistema en las cotizaciones, que permitió adquirir petros a precios muy por debajo del mercado, antecedió la situación.
«Esperemos que poco a poco se restituyan todos los servicios y App (aplicaciones) derivadas», publicó CryptoLand en Twitter.
Inversores denuncian que cientos de cuentas de usuarios del petro fueron bloqueadas en la plataforma digital de planes sociales del gobierno, que no ha dado explicaciones sobre lo sucedido.
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