Análisis | ¿Existen realmente las condiciones para privatizar Movilnet?
El sector telecomunicaciones y de las teconologías de la información ha registrado enormes transformaciones a lo largo de los últimos lustros.
La convergencia tecnológica y el desarrollo de Apps y servicios sustitutos de los tradicionalmente provistos por las telcos, ahora suministrados por OTT sobre la capa de Internet provista por las telcos, implican un escenario competitivo que adicionalmente “commoditiza” la infraestructura que estas últimas proveen.
La transformación del consumo hacia datos -bytes-, independientemente que este sea Apps de voz, mensajes, streaming, contenido, video, música, etc., hace de las telcos simples “utility” que transportan bytes.
Las telcos compiten basadas en elementos objetivos de calidad del servicio, por ejemplo en el mercado de servicios de Internet Fijo o en el de Telefonía e Internet Móvil, vía velocidad de subida y bajada, ancho de banda, baja tasa de latencia, y precios por Gigabyte.
La desintegración vertical entre la infraestructura y los “nuevos” servicios prestados bajo protocolo IP, ha hecho que no sólo la gobernanza de la cadena de valor haya pasado de las telcos hacia el consumidor -sustituibilidad “a un click de distancia”- por un lado, sino eventualmente hacia plataformas con fuertes efectos de red, y altos costos de cambio para el usuario una vez la plataforma consigue la masa crítica.
Así las cosas, los operadores tradicionales de telecomunicaciones no participan en el negocio de contenido, Apps, streaming, etc., altamente valorado por los usuarios y/o suscriptores. Sin embargo, no solo se continuará requiriendo la infraestructura para demandar dichos servicios OTT, sino que se necesita infraestructura de nueva generación que haga posible transportar un consumo exponencialmente crecimiente de datos y contenido.
Dichas inversiones continuas y costosas ante entornos de alta competencia, sin participar en los negocios OTT de alto valor; presentan el dilema respecto al alineamiento de intereses entre los proveedores de infraestructura, los proveedores de servicios OTT y los usuarios.
Un ejemplo sirve para visualizar los desafíos a los que se encuentran sometidas hoy día las empresas tradicionales de telecomunicaciones. La competencia en servicios, tan dinámica como en telefonía móvil, desde hace tiempo en los países desarrollados, y en la actualidad en los países latinoamericanos, muestra la “paradoja” que aún con algún potencial de crecimiento en penetración -para algunos países de América Latina, porque muchos de los mercados mundiales ya se encuentran maduros-, y con un crecimiento enorme del consumo de datos móviles, se registra una caída del precio de gigabyte producto de la competencia.
Esta situación hace que el efecto volumen no llegue a compensar, no sólo el precio del gigabyte, sino adicionalmente la caída en el uso de voz. Es así como se ve un estancamiento en la capacidad de aporte marginal de la telefonía móvil, siendo esta la principal fuente de ingreso para los operadores tradicionales de telecomunicaciones. Por otra parte, la situación de servicios como la telefonía fija es mucho peor.
Lo anterior ocurre en un escenario de competencia vía ofertas de empaquetamiento de servicios facilitados por la convergencia tecnológica. Si bien resulta cierto que la telefonía fija y voz móvil se encuentran en desuso, los servicios de Internet Fijo, Telefonía Móvil y Televisión paga -o difusión de contenido por suscripción- pueden y están siendo ofrecidos, a través de planes tipo «cuádrupleplay», o integrados.
No contar con un servicio en dicha oferta podría constituir una degradación del servicio para el usuario, y la pérdida de la posibilidad de monetizar o fidelizar, lo que eleva el costo de cambio del usuario o haciendo más difícil a la competencia replicar la oferta de empaquetamiento a un mismo cliente.
Destaca que a escala mundial no suelen existir regulaciones y controles de precios minoristas en este mercado en competencia. De hecho, para qué se requeriría si la dinámica expuesta ha determinado una caída de los precios promedios del minuto en voz y de los gigabyte en datos, mientras el consumidor está dispuesto, eventualmente, a pagar más por el tipo de contenido que recibe o trafica sobre la capa de la infraestructura.
La rentabilidad sobre las inversiones caen en este mercado, comprometiendo los incentivos para invertir en nueva tecnología, redes de nueva generación y despliegue de infraestructura. Muchos gobiernos y reguladores han tomado nota de lo anterior, y se encuentran diseñando políticas públicas con menor incidencia en costos y cargas sobre los operadores tradicionales.
Por otra parte, si se desea mayor asequibilidad, el Estado también puede pensar en reducir los impuestos que recaen sobre el consumo de los servicios TIC.
La reducción de costos por parte de los operadores, por ejemplo por medio de la compartición de la infraestructura pasiva, procesos de reorganización que permitan reducir costos, como el uso de bots para atender a los clientes, se hacen necesarios.
Sin embargo, sin un cambio de paradigma, que incorpore la realidad del sector y su tendencia, especialmente por parte de los reguladores, podría complicarse que la creciente demanda de datos sea correctamente satisfecha.
Se presagian, a escala mundial, procesos de consolidación y fusiones entre operadores de telecomunicaciones, para cumplir más eficientemente la función de “utility” que está forzada a prestar. Estos procesos pondrán a prueba a los reguladores, especialmente a los de competencia, respecto a identificar más ampliamente los mercados relevantes, y facilitar una organización y unas escalas que viabilicen e impriman eficiencia a los prestadores de los servicios de infraestructura.
– En Venezuela –
En Venezuela, el reto es doble, apuntar a reducir las brechas y diferencias con países similares o vecinos, adecuando el marco regulatorio a una visión moderna que finalmente permita actualizar al sector, e incorporar los retos de despliegue de nuevas redes y calidad de servicio para la creciente demanda y consumo de datos.
Recientemente periodistas especializados en la fuente tecnológica han asomado la posibilidad que Movilnet forme parte de las empresas en manos públicas que puedan pasar a propietarios privados, en un mercado donde uno de los operadores privados, Telefónica, busca un Spin-Off de las operaciones en Venezuela.
¿Por qué sólo la filial de Telefonía Móvil? ¿Por qué no empezar por eliminar los controles de precios que hasta la fecha han sido aplicados sobre el sector telecomunicaciones y audiovisual en el país? Parte del interés de cualquier inversionista por dicha empresa pasa por un marco institucional moderno que incentive las inversiones, las innovaciones y la competencia.
La privatización de empresas en manos públicas puede constituir una buena política. Pero aún pecando de ingenuo, ¿no se requiere previamente un marco institucional mínimo para que cualquier capital quiera invertir en Venezuela? Ni que hablar en un sector tan competido y sometido a retos y transformaciones como el de servicios TIC. ¿Estos temas serán prioritarios en la agenda de la Asamblea Nacional?
* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
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