Análisis | La naturaleza del gobierno conspira contra cualquier intento de recuperación

El cierre del año 2019 y el inicio del 2020 estuvo mediáticamente saturado de noticias referidas a la eventual proliferación de bodegones vendiendo productos importados, la exoneración de aranceles para la importación de productos terminados, una dolarización de facto que gana terreno y una supuesta autorregulación del mercado que el presidente de la República promocionó como un acto prácticamente divino.

Sin embargo, la “autorregulación” referida por el jefe del ejecutivo parece durar poco. Por un lado, la Sundde reinició su actuación fiscalizadora y sancionadora y, por el otro lado, se aprueba el cobro de nuevos impuestos a aquellas transacciones realizadas en moneda extranjera.

Los objetivos perseguidos a través de dicha política, específicamente la tributaria, pueden ser de distinta naturaleza; sin embargo, sus efectos bastante directos, negativos e incluso regresivos

Un análisis económico de la política de impuestos a las transacciones realizadas en dólares ayuda a clarificar los objetivos de la política por sus efectos. Partiendo del hecho de que las importaciones de productos de consumo final se deben estar realizando en mercados spots donde somos precio-aceptantes, nuestro impacto en su formación de precios es nulo y en consecuencia la incidencia fiscal de cualquier carga sobre las importaciones recaerá sobre actores domésticos.

Sin embargo, haber estipulado una exoneración de aranceles para posteriormente aplicar al consumo un impuesto sobre aquellas transacciones realizadas en divisas, parece contradictorio. Salvo que, como cualquiera pudiera haberlo previsto, el actual gobierno sufre de un irremediable problema de falta de compromiso en favor de generar bienestar, riqueza y reactivación del consumo interno –no por maldad pura y dura sino por voracidad expoliadora-.

Una vez se habría desarrollado un mercado de importaciones y de consumo de bienes terminados de origen importado –financiado fundamentalmente con ahorros, remesas y/o patrimonialmente y no por medio de un proceso de recuperación económica fundamentada en producción y actividades que creen o añadan valor-, por más que el jefe del ejecutivo haya alagado la “autorregulación”, inmediatamente después se dispararon los incentivos para expoliar parte de dicho valor y específica y eventualmente buscar las vías para hacerse con parte de dichos dólares “transaccionales”.

Cambiar el precio relativo y el poder de compra del dólar versus al Petro así lo asoma. El problema con una “moneda” que no goza de aceptabilidad, es que lejos de coadyuvar a su uso, dicho impuesto –especialmente ante los problemas que han enfrentado los comercios con este artilugio-, limitará el consumo por elevar los precios de los productos adquiridos en el mercado de consumo en divisas.

Así, los pronósticos de estabilización o recuperación se ven amenazados por la imposibilidad, por parte de la presente gestión de gobierno, de crear un compromiso creíble de permitir a la sociedad venezolana a crear valor, riqueza, bienestar y consumo.

Antes de proponer impuestos de esta naturaleza, o más precisamente en paralelo, debería haberse analizado la necesidad de devolver a los privados todas la empresas y fincas que han sido tomadas por el Estado. Asimismo, debió previamente haberse analizado la necesidad de sincerar tarifas de servicios públicos en propiedad del Estado donde ni siquiera ha prelado un criterio mínimo de viabilidad financiera y de corresponsabilidad de los costos por parte de los usuarios a la hora de diseñar los esquemas de precios.

Una conclusión que parece no sólo estar apoyada por la intuición, e incluso por la prospectiva respecto a la falta de instituciones en el país que impliquen un contrapeso al poder del Estado en favor de los particulares, sino que está sobradamente validada empíricamente, es que este gobierno, por más que ex ante prometa recuperación y respeto a las libertades y a los derechos económicos, no permitirá que esto sea posible por su naturaleza expoliadora y totalitaria.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela