#Análisis | Las claves de este #1Mayo: Aumenta la conflictividad en un mercado laboral destruido

Este primero de mayo parece anunciar un claro resurgimiento de la conflictividad laboral, incluso más allá de los sindicatos. La perspectiva de una recuperación económica, por más modesta que sea, presiona la presentación en las calles de una enorme factura que acumula el sector laboral luego de largos años de recesión, empobrecimiento e informalidad, debido a la crisis que destruyó cerca de 80% del Producto Interno Bruto.

Pensionados, trabajadores petroleros, profesionales y técnicos, obreros de la construcción, trabajadores del comercio y la manufactura, algunos guiados por centrales sindicales y otros por organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, salen a la calle, como lo hacen, este #1Mayo, los trabajadores vinculados al gobierno.

En el sector oficial esperan que el presidente Nicolás Maduro haga anuncios al cierre de la marcha oficialista en el centro de Caracas sobre el salario mínimo y las pensiones. El mandatario indicó, luego de dar la noticia del incremento del salario mínimo a 130 bolívares, con bono o cestaticket de 45 bolívares, que este 1 de mayo informaría sobre un plan para recuperar el poder de compra de las pensiones y jubilaciones.

Sectores sindicales del ámbito gubernamental han generado expectativas diversas, como la posibilidad de otro incremento del salario mínimo, el cual se ubicaría en el mismo nivel del costo de una cesta básica, así como de un importante aumento indexado de pensiones.

Aparentemente, las señales apuntan a que el gobierno haría, en todo caso, anuncios limitados, debido a que, si bien la situación financiera ha mejorado, el rigor ya más relativo de los ajustes monetario y cambiario que viene haciendo para contener la inflación, que parece ser la prioridad de política económica, desaconsejan un incremento masivo del gasto público en el corto plazo.

Con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de muchos años, el gobierno y las representaciones reconocidas del empresariado y los trabajadores iniciaron un proceso de diálogo tripartito.

Más allá de los mensajes optimistas y constructivos, la primera jornada de este «diálogo social» terminó con más buena voluntad que acuerdos concretos. La OIT deja una delegación permanente en el país, con un rol de arbitraje y observación, mientras se pactó un nuevo encuentro en septiembre para llegar a acuerdos sobre dos temas concretos: libertad sindical y fijación del salario.

Lo cierto es que no fue fácil conciliar las prioridades. Los empresarios están esperanzados en que este proceso termine con la práctica de fijar unilateralmente el salario mínimo por parte del Estado y, además, se establezca un mecanismo concreto de evolución de las remuneraciones. Las centrales sindicales, aparte de salarios justos, aspiran conseguir garantías de independencia y seguridad para el ejercicio de la representación laboral.

– El mercado laboral –

El deterioro del mercado laboral llegó a prácticamente niveles de extinción. Hay que recordar que 50% de la población en condiciones de trabajar, no tiene una actividad remunerada concreta, según la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), mientras el sondeo Enjuve 2021 indica que 37% de los jóvenes venezolanos no estudia ni trabaja, y la tasa de asistencia a la educación formal se ha reducido 70%.

Posiblemente, en un eventual nuevo sondeo que mida las condiciones laborales de este año se evidencien algunas mejoras en estas cifras, pero esta es la situación de partida.

Datos recientes señalan que la proporción de trabajo informal es superior a 60% y en el caso de la Administración Pública, que formalmente tiene más de 5 millones de trabajadores, hay un 50% que, con la aparición de la pandemia de covid-19, desarrolla actividades paralelas que limitan el cumplimiento de sus deberes formales, aparte de una elevada deserción difícilmente cuantificable.

La nómina pública ha adquirido, quizás como nunca antes, un fuerte carácter político clientelar, como lo demuestra el hecho de que 4.441.258 empleados públicos pertenecen al sector militar, según la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto Nacional con cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), reveladas por la ONG Transparencia Venezuela en un reporte titulado «Nuestro Presupuesto 2022: ¿Cuánto y Cómo se va a gastar el dinero público este año?».

La erosión de la nómina estatal ha afectado mayoritariamente a los estamentos profesionales y técnicos, como resultado de una importante emigración, que no ha dejado en paz, tampoco, a las empresas privadas, donde alrededor de 30% de sus cuadros profesionales han salido del país.

– Las carencias y retos –

Por consiguiente, no son solo los niveles actuales de los salarios los que representan un serio obstáculo para la dinamización del mercado laboral -más que dinamización, reconstrucción- porque en el devenir de la crisis se han acumulado déficit de formación, institucionalización, previsión social, eficiencia y productividad que van a pesar, sin duda, en el proceso de recuperación de la actividad económica.

Está claro que es indispensable una reforma laboral integral que suponga la adopción de un nuevo marco que flexibilice las negociaciones, pero con niveles razonables de reconocimiento de derechos y protección a los trabajadores.

Igualmente, el diálogo tripartito debería servir para construir un sistema previsional moderno, donde el ahorro de los trabajadores exista y sea adecuadamente canalizado a inversiones productivas que garanticen pensiones dignas, con una necesidad limitada de acudir al presupuesto público. Ya están claros los resultados de un modelo de pensiones integralmente financiado por el Estado.

Por otra parte, los cambios de estrategia económica que el gobierno de Nicolás Maduro ha implantado, básicamente como respuesta a las sanciones, que terminaron de destruir una previamente menguante capacidad financiera del Estado, al consolidar la erosión preexistente de la renta petrolera, han configurado un cuadro de mayor inseguridad e informalidad para los trabajadores.

Así como se ha visto un incremento de la activación de reclamos en la empresa privada, el traspaso de la gestión de empresas expropiadas a actores privados en condiciones desconocidas, al amparo de la Ley Antibloqueo, está generando un cuadro de desprotección, inestabilidad y desconocimiento de la ley -que debería reformarse o cambiarse, pero es la que existe- en esas compañías que ya venían trabajando en un promedio de entre 10% y 15% de capacidad instalada, según datos de Transparencia Venezuela.

La situación de las empresas básicas de Guayana, con un conflicto abierto por parte de los trabajadores de Sidor, con graves denuncias sobre un progresivo desmantelamiento de plantas genera escenarios de grave incertidumbre.

Este 1 de mayo no es un día para celebrar. Es, más bien, un día para reflexionar sobre el papel de los trabajadores en la economía venezolana, sobre cómo superar las debilidades acumuladas en este tiempo tan oscuro. El trabajo remunerado es la fuente básica del consumo, ya es un lugar común decir que no puede haber empresas prósperas, ni un crecimiento sólido de la economía, sin trabajadores adecuadamente remunerados.