#Análisis | Lula completa 100 días turbulentos de control de cuarteles y centrado en la economía
El nuevo presidente ha multiplicado sus reuniones con la cúpula militar y se ha prodigado en actos castrenses, con el objetivo de recuperar una normalidad institucional.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple el lunes 100 días en el poder, en el inicio de Gobierno más turbulento de la historia reciente del país, debido a la intentona golpista perpetrada por militantes de extrema derecha.
La irrupción violenta de la turba de bolsonaristas el 8 de enero no solo causó cuantiosos destrozos en las sedes de los tres poderes de la República, sino que forzó al nuevo Gobierno, una semana después de asumir el poder, a cambiar sus prioridades para concentrar sus esfuerzos en disipar posibles nuevas amenazas a la democracia.
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Lula tuvo que dedicar varias semanas a prestar toda su atención a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos de seguridad, para empeñarse en «despolitizar» los cuadros de mando.
Relevó a algunos comandantes demasiado cercanos a su antecesor Jair Bolsonaro, entre ellos el ahora excomandante del Ejército, general Júlio César Arruda.
Desde entonces, el nuevo presidente ha multiplicado sus reuniones con la cúpula militar y se ha prodigado en actos castrenses, con el objetivo de recuperar una normalidad institucional que fue dinamitada en los cuatro años de hegemonía de la ultraderecha.
Recuperación de programas sociales
La incipiente desbolsonarización de las instituciones, un proceso que todavía se puede alargar, ha ido a la par con la «obsesión» de Lula -según sus propias palabras- por retomar las políticas sociales que en el pasado tuvieron un impacto en la reducción de la pobreza y que fueron enterrados por Jair Bolsonaro.
Entre otros, recuperó el Bolsa Familia, el principal programa de subsidios a los pobres, o el programa de viviendas populares Mi Casa Mi Vida.
También impregnó su gestión de gestos a los grupos sociales más maltratados por la extrema derecha, como mujeres, minorías sexuales y raciales, en especial hacia los indígenas, a los que dedicó por primera vez un ministerio.
Entre los gestos, nombró 11 mujeres para dirigir un total de 38 ministerios, la mayor proporción de ministras de la historia de Brasil.
Una política exterior activa
Otro de los grandes volantazos de Lula se ha producido en política exterior, en la que ha tenido una agenda frenética, en contraste con el aislamiento de su predecesor.
En estos 100 días viajó a Argentina, para la cumbre de la CELAC; a Uruguay y Estados Unidos, y por enfermedad tuvo que aplazar un viaje a China y Emiratos Árabes Unidos, que hará la semana próxima.
También ha reactivado las relaciones con Venezuela, suspendidas por Bolsonaro, y se ha reintegrado a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que Brasil se había separado en 2019.
Gran parte de la política externa de Lula se ha centrado en volver a potenciar acuerdos internacionales orientados a la protección de la selva amazónica, en especial a partir de la reactivación del Fondo Amazónica, que financian Noruega y Alemania y al que podrían sumarse otros países.
La economía, a partir de ahora
Lula ha adelantado que a partir de ahora su atención se centrará de lleno en la economía, un sector que de momento le ha generado más dolores de cabeza, que avances.
Constantes han sido los roces del Gobierno con el Banco Central, a cuentas del elevado nivel de las tasas de interés (13,75 %), que han tenido éxito en frenar la inflación, pero que como efecto colateral han frenado el crecimiento y el mercado de trabajo.
Pero el ente emisor, que cuenta con autonomía plena, de momento no ha cedido a las presiones constantes que han partido del propio Lula y de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y se ha negado a moderar los tipos por los temores a un eventual descontrol de precios.
El Gobierno sí ha conseguido presentar un proyecto para establecer unas nuevas reglas fiscales, que prevén una flexibilización de los topes de gasto, pero su aprobación dependerá del Congreso Nacional.
Esas reglas fiscales, que serán necesarias para poder aumentar el gasto para los programas sociales, también estarán vinculadas a una futura reforma tributaria de gran calado que el Gobierno está preparando y que también deberá pasar por un trámite todavía incierto en el Legislativo.
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