#Análisis | Ocho de cada 10 empleos son informales: ¿Cómo enfrentar la crisis del mercado laboral en Venezuela?
El economista y profesor de la UCAB, Demetrio Marotta, hace una serie de propuestas para enfrentar la informalidad laboral y el desempleo en Venezuela en el libro «Propuestas para el Presente y el Futuro de la Economía en Venezuela».
Más de siete años de crisis económica, política y social sumergieron a Venezuela en una emergencia humanitaria compleja que generó distorsiones en el mercado laboral del país, y depauperó a la población.
El país enfrenta grandes desafíos en materia laboral cuya superación, de acuerdo con especialistas, pasa necesariamente por emplear estrategias nacionales de desarrollo productivo en las áreas política, industrial y comercial, para fomentar el crecimiento económico en áreas específicas. Esto es lo que generará empleos.
Por otro lado, es necesaria la redefinición del modelo político y económico actual. El papel del Estado, por ejemplo, debe ajustarse a las nuevas restricciones presupuestarias, y a las tendencias económicas y tecnológicas globales.
En 2021, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) sentenció que 50% de la población económicamente activa de Venezuela no está trabajando. La falta de oferta de empleos mantuvo al 94% de la población en la pobreza.
El descalabro del aparato productivo del país, por políticas erradas del Gobierno también provocó el desplome del salario, y de todo el sistema de seguridad social en Venezuela. Para muestra, está el proceso de desalarización: el gobierno aumenta las bonificaciones, pero mantiene el salario estancado para evitar elevar los pasivos laborales y que eso comprometa su estrategia de control del tipo de cambio para mantener a raya la inflación.
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Con la promesa de que serían bonos indexados, el 1 de mayo el Ejecutivo nacional aumentó el cestaticket a 40 dólares, y redujo el bono de guerra a 30 dólares mientras el salario mínimo quedó en 130 bolívares.
En el primer pago, las promesas de indexación se volvieron sal y agua. En teoría, el ingreso mínimo aumentó de 52 dólares a 75 dólares. Pero Venezuela aún tiene el salario mínimo más bajo de toda América Latina. Los trabajadores del sector público perciben salarios bajo la línea de pobreza desde hace siete años (2016).
En el marco de estos condicionantes, y para el libro Propuestas para el Presente y el Futuro de la Economía en Venezuela desarrollado por la UCAB en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, el economista y profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Demetrio Marotta, desglosa una serie de recomendaciones para el presente y futuro del trabajo y la seguridad social en Venezuela.
El país enfrenta grandes desafíos en materia laboral cuya superación pasa necesariamente por emplear estrategias de desarrollo productivo en las áreas política, industrial y comercial.
El presente de la realidad laboral del país
Marotta basa la perspectiva de soluciones a corto plazo en dos elementos básicos: Una revisión exhaustiva del ordenamiento legal en materia laboral en Venezuela y políticas activas de empleo.
¿Por qué una revisión exhaustiva del ordenamiento legal laboral? Porque la injerencia pública en las relaciones laborales a través de instituciones gubernamentales y la normativa laboral generan desincentivos a la inversión y a la contratación de mano de obra en el país.
Reforma Laboral. la injerencia pública en las relaciones laborales a través de instituciones gubernamentales y la normativa laboral generan desincentivos a la inversión. Foto: William Urdaneta.
Ante esto, Marotta destaca la importancia del Foro de Diálogo Social para impulsar reformas legales que garanticen un nuevo ordenamiento jurídico equitativo que vele por los derechos laborales actualmente menoscabados.
El experto planteó adoptar en principio las recomendaciones que la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo al Estado venezolano en 2019, entre las cuales destacan:
- Asegurar un clima desprovisto de violencia, amenazas o intimidación contra los trabajadores y sus organizaciones.
- Garantizar la independencia y la eficacia de los tribunales laborales y la protección contra el despido y la discriminación.
- Garantizar el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.
- Proteger a los trabajadores migrantes y eliminar el trabajo infantil.
- Garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia social en Venezuela.
El especialista también menciona la necesidad de revisar y modificar la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento con la participación de los principales actores del diálogo social (Estado, trabajadores y empleadores), así como reinstitucionalizar las instancias de resolución de conflictos laborales.
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Urge además aplicar políticas públicas para estimular la generación de empleos formales y reinsertar a la mano de obra en un mercado laboral abierto a la inversión y a la innovación tecnológica internacional.
En cuanto a la seguridad social y el sistema de pensiones y jubilaciones, Marotta señala que: “Se debería apuntar a una reforma del sistema (institucional y legal) para rescatar el cumplimiento de los principios básicos generales planteados en la constitución, y así garantizar la eficiencia y sostenibilidad intergeneracional, que permita amparar de manera suficiente a todos los beneficiarios».
Y añade: «No basta solo con indexar las pensiones y jubilaciones y el salario mínimo a la inflación con el objeto de proteger la capacidad de compra de dichos beneficios legales”.
Demetrio Marotta: “Por la vía de la formalización de los empleos se pueden generar programas de exención de impuestos a las empresas que abran puestos de trabajo nuevos, que contraten trabajo informal o desempleados». Foto: William Urdaneta.
Políticas activas de empleo
Ya lo había anunciado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020: la tasa de desempleo más alta del mundo es de 58,3% y la tiene Venezuela. O al menos a esos niveles llegó el país entre 2020 y 2021. Indica por qué.
Entre 2016 y 2021, la cifra de trabajadores en el sector informal de la economía aumentó 74%. En otras palabras: ocho de cada 10 trabajadores en el país están en el sector informal según los datos proporcionados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB en noviembre de 2021. La cifra es apenas un subregistro.
Los exagerados controles gubernamentales, la presión fiscal y tributaria, el poco desarrollado sistema financiero y demás factores hacen de los incentivos a la informalidad muy grandes.
De ahí la necesidad de emplear políticas públicas que incentiven a los negocios a formalizarse, y que también permitan la formalización de los empleos informales o vulnerables, a través de incentivos como subsidios sectoriales, reducción de costos transaccionales de registro, facilidades de financiamiento y reducción selectiva de impuestos.
Marotta propone enfrentar los elevados niveles de informalidad laboral e inactividad en Venezuela mediante programas conjuntos entre el Estado y el sector privado que tengan como norte generar empleabilidad formal en la fuerza de trabajo.
Estos programas se enfocarían en elevar el nivel medio de formación y capacitación, tanto técnica como profesional, para reducir la brecha entre las capacidades de la población activa y la demanda de trabajo del sector formal productivo nacional.
El economista menciona que es posible promover el financiamiento externo y asistencia técnica para estos programas, así como establecer acuerdos o convenios entre instituciones privadas de formación técnica, universidades y gremios empresariales para diseñar y ejecutar coordinadamente dichos programas.
El objetivo final es incrementar el capital humano y disminuir la brecha entre los perfiles de puestos de trabajo demandados por las empresas y las capacidades de la mano de obra desempleada o inactiva.
“Por la vía de la formalización de los empleos se pueden generar programas de exención de impuestos a las empresas que abran puestos de trabajo nuevos, que contraten trabajo informal o desempleados, que inviertan en formación en el trabajo a sus empleados y que contribuya a incorporar y formar mano de obra en sus procesos productivos”, concluye.
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