Análisis | Perspectivas Venezuela 2021: continuará el circulo vicioso de la economía

Las expectativas sobre el desempeño económico venezolano, lamentablemente, no resultan positivas, básicamente porque son pocos los hechos que asomen premisas requeridas para una estabilización y recuperación de la economía en términos promedio, y mucho menos que resulte inclusiva y atienda temas como la equidad social.

El marco institucional debilitado, o en ocasiones inexistente, y la forma -y fondo- de la administración pública actual perfeccionan un círculo vicioso, que dificulta avizorar un crecimiento económico sostenido, sostenible e incluyente.

Para decirlo de otra manera, el costo de oportunidad, en términos de eficiencia, incentivos a la inversión y crecimiento económico que significa el modelo de país que ha perfeccionado la nomenclatura, es tan elevado que los espacios de actividad económica que puedan sostenerse, e incluso crearse -amparados bajo el paraguas del poder-, parece que resultarían insuficientes, para que, en promedio, podamos hablar de una recuperación económica, especialmente cuando tenemos un 96% de pobreza.

De hecho, desde el lado de la oferta, la brecha de productividad en Venezuela, entre otras razones, producto de la fuga de talento, falta de expectativas que faciliten inversiones en renovación tecnológica y en capital, y fundamentalmente la depauperación del signo monetario, de sueldos y salarios -desde el lado de la demanda-, en sí mismas constituyen una trampa de pobreza y un circulo vicioso.

Lo anterior no excluye que cierto tipo de actividad comercial, cierta entrega de empresas actualmente en manos públicas a manos privadas -privilegiadas- pueda mostrar una actividad más allá de su actual absoluta paralización.

Un modelo de país que se basa en el estado de la naturaleza, la fuerza, la arbitrariedad y el poder en contraposición a un país basado en el imperio de la ley; difícilmente puede ofrecer la posibilidad de inserción y equidad, porque por definición constituye una sociedad suma cero.

Que alguien logre formar parte de la nomenclatura o de sus “empresarios satélites”, es un tema distinto al desarrollado en el presente artículo, pero lo que si parece resultar cierto -basado en la evidencia- es que el modelo de país oficialista es un modelo excluyente, de alto costo de oportunidad social y en consecuencia depauperador e injusto.

En este sentido, independientemente de que individualidades, grupos de interés, excepciones y hasta algún sector en específico anuncien recuperación económica; debemos validar las cifras promedio, así como las brechas que se siguen abriendo en el país.

Sin un Estado de Derecho que proteja eficiente y consistentemente institutos económicos-jurídicos como los derechos de propiedad, ninguna sociedad podrá conocer su potencial creador de valor.

Sin un sistema jurídico, así como políticas económicas y públicas que protejan a la eficiencia económica como bien social y al Bienestar Social como paradigma en favor de la sociedad en su conjunto; difícilmente una sociedad podrá contar con los incentivos mínimos requeridos para su progreso, habiendo logrado, previa o simultáneamente, estabilizar los indicadores macroeconómicos.

Como ha ocurrido prácticamente a lo largo de toda la economía, destacando especialmente el caso de los servicios púbicos y/o de red, se asoma reciente y nuevamente congelamiento de precios, ahora sobre el sector universitario privado.

Evidencia sobra respecto a los efectos perniciosos que los controles y los congelamientos de precios generan sobre los distintos sectores de la economía nacional.

El acceso a bienes y servicios debe motivarse y justificarse primeramente en la soberanía del consumidor, atendiendo a sus gustos y preferencias. Una vez comprendido dicho criterio principista, así como la otra cara de dicha moneda, la corresponsabilidad del consumidor en los costos de provisión de dicho bien o servicio, es que un Estado Benevolente -que procura maximizar el Bienestar Social- puede preguntarse si existen fallas que dificultan que se maximice el excedente de los consumidores, un valor generado por la diferencia entre la disponibilidad a pagar por parte del consumidor y el precio del bien o servicio en el mercado.

Dichas fallas pueden responder fundamentalmente a un origen macroeconómico y a otro microeconómico. En el primer caso, cuando se produce un mal público como la inflación de origen monetario y dadas las expectativas negativas sobre la reserva de valor del signo monetario doméstico, los controles de precios no atienden el problema de origen, sino alguna de las consecuencias, parcialmente sobre un sector, pinzando márgenes y destruyendo incentivos a la oferta y a la calidad e innovación.

En consecuencia, el resultado final neto de la política de control de precios es la destrucción de la oferta, de las cantidades ofrecidas, de la variedad de producto, la calidad de bienes y servicios, y de la innovación en los mercados.

El caso de la inflación que produce un divorcio entre el poder de pago de los individuos y su valoración por el bien, constituye un mal general que no encuentra origen ni solución individualmente sobre un conjunto específico de oferentes, pretendiendo congelar precios que sólo son resultado o reflejo de problemas de origen macroeconómico de exclusiva responsabilidad del Gobierno; de hecho, la perdida de poder de pago de los demandantes producto de la inflación es sufrida igualmente por todos lo oferentes y empresarios que no poseen la capacidad de realizar un passthrough directo y completo de la inflación hacia sus precios, porque el efecto volumen de caída de demanda supra marginal superaría dicho ajuste de precios.

Por ello los empresarios ven pinzar sus márgenes y caer sus volúmenes de ventas. Otro circulo vicioso al cual estamos expuestos.

Desde la perspectiva microeconómica, la principal falla del mercado que podría comprometer alcanzar el mayor umbral de Bienestar Social en un mercado es el monopolio natural o el abuso explotativo de un poder significativo de mercado.

Sin embargo, estos casos limitados por la caracterización tecnológica e idiosincrática de un reducido número de actividades económicas y sus mercados, igualmente exigen un debido proceso que valide efectivamente que un control de precios constituya la mejor o única alternativa para resguardar el Bienestar Social, un procedimiento inexistente en Venezuela, y caracterización de mercado que no parece plausible al caso que nos ocupa.

Otra falla microecómica relevante es la presencia de importantes externalidades positivas en el consumo o en la oferta del bien o el servicio, caso en el cual el precio del mercado no refleja la valoración social de dicho producto.

Ante esta situación, podría justificarse un análisis del caso para optar por la alternativa de política pública más eficiente, sin que a priori la respuesta sea un control de precios -aun cuando en este caso el criterio sería fijar un precio superior al de mercado en favor de la oferta para que esta se expanda y/o un precio inferior a los consumidores para que la demanda efectiva aumente-.

De hecho, congelar los precios distorsionaría el sistema de precios relativos, lo que genera no solo un efecto renta, sino uno de sustitución que provocaría una sobredemanda, la cual no necesariamente vendría acompañada de una expansión de la oferta y calidad del bien o servicio.

Sin menoscabo de lo dicho anteriormente, efectivamente el acceso constituye un tema de política pública, que incluso en el caso de orientación estricta y exclusivamente política, debería valorar la alternativa más eficiente y menos distorsionante en procura de dicho objetivo. Por ello, continúa siendo relevante lo dicho hasta ahora respecto al origen del problema y adicionalmente deberá responderse las siguientes preguntas ¿Cuál sería la duración de dicha política de perfil corto placista? ¿Quién financia el acceso? ¿Cuál es el efecto distorsionante de la alternativa de financiamiento? Y si dicha distorsión supera a los beneficios del nuevo acceso garantizado por la política pública; por ejemplo, un congelamiento o regulación de precios.

La gratuidad; el control y congelamiento de precios; la declaratoria de un bien o servicio como básico, público, de primera necesidad que implique la imposición de un servicio o provisión universal y/o obligatorio; o la creación de nuevos derechos esenciales y de acceso no implican, en ninguno de los casos, que los bienes y servicios no conlleven costos, utilización de recursos con usos alternativos y en consecuencia con costos de oportunidad sociales.

El precio no es en si mismo un problema, ni siquiera en materia de acceso, porque un precio basado eficientemente en costos marginales cuando la demanda no puede afrontarlo puede estar reflejando un problema público diferente, más complejo y más preocupante: un modelo de sociedad excluyente, atrapada en numerosos círculos viciosos, que continuarán incrementando las brechas por un lado y condenando la sostenibilidad y la calidad de la poca oferta, por el otro lado.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)