Análisis | Pros y contras de ceder gestión de empresas mixtas de la Faja a socios privados

La opinión pública asoma la posibilidad de que la administración y manejo de los pozos petroleros adjudicados por medio de empresas mixtas puede ser asumida enteramente por los privados que participan en dichos esquemas de asociación.

Esta noticia no es de menor relevancia, porque constituye una confesión de incapacidad para gestionar dichas operaciones, bien por falta de capital humano cualificado, bien por el problema de Agencia exacerbado por una administración designada por el Ejecutivo Nacional, o por la incapacidad pública de diseñar contratos y esquemas de incentivos que alineen –al menos parcialmente- los intereses de los administradores y de los accionistas entre sí.

Adicionalmente, y para no pecar de ingenuos, dicha declaración puede ser producto del hastío de los accionistas o inversionistas privados ante un problema de oportunismo por parte del socio público, problema adicional y distinto al de Agencia. De hecho, cualquier inyección de recursos por parte de los privados seguramente se encuentra imposibilitada mientras la administración de dichas operaciones se encuentre en manos del socialismo del siglo XXI.

Así las cosas, dicho esquema propuesto constituiría una señal y “amenaza creíble” de que el socialismo del siglo XXI no meterá las manos en la administración de dichos yacimientos.

La incapacidad de gerencia de la actual gestión de gobierno es evidente, hecho público y notorio, especialmente en materia económica y petrolera, por lo que puede tener sentido analizar las distintas alternativas que permitan recuperar eficiencia en la administración del sector. Podría haber llegado el momento en el que el actual esquema de negocios no le funciona a ninguno de los stakeholder, ni a los inversionistas privados, ni al inversionista público, ni a la población.

Por otra parte, resulta notable el problema de Agencia que implica la actual gestión de gobierno contra los principales “propietarios” de los recursos, la población y la sociedad venezolana. Una gestión de gobierno que, cuando tomó posesión, lo hizo en un país que producida aproximadamente 3,5  millones de barriles diarios de crudo, y que en la actualidad reporta una extracción por debajo del millón de barriles diarios.

Por otra parte, la dependencia fiscal del sector petrolero lejos de haberse disminuido fue exacerbada. En consecuencia, esta administración no puede sino personificar un pésimo representante de la población.

Ahora bien, efectivamente en proyectos de explotación y búsqueda de generación de rentas y beneficios económicos, accionistas privados parecen tener objetivos más claros y, en consecuencia, el interés por instrumentar mecanismos y contratos de gestión que alineen el comportamiento y manejo de los proyectos de producción de crudo con sus intereses privados. Por eso, el gobierno asoma la posibilidad de que la administración de los yacimientos pase a manos privadas.

Sin embargo, lo anterior no se encuentra exento de riesgos.

El hecho que dichos convenios y asociaciones resulten cerrados posee implicaciones importantes respecto a su governance. Tal caracterización termina imponiendo a dichos convenios la cualidad de inversiones específicas bilaterales, las cuales, primero, no tienen una cotización pública en el mercado de capitales para que funja como amenaza explícita creíble y, segundo, crean un inconveniente de oportunismo que puede superar al clásico problema de Agencia en caso de empresas de cotización pública.

Es decir, aun cuando el papel de inversionista de riesgo y el de administrador no se encuentran disociados en los presentes esquemas de negocio –reduciéndose riesgos de problemas de Agencia- sí aparecen problemas de oportunismo (éste último tipo de problema posiblemente sea el que explique por qué el Ejecutivo nacional podría estar dispuesto a enviar dicha señal “cediendo” la administración de dichos proyectos).

Sin embargo, este tipo de problemas presenta cierta recursividad, a quien se le transfiera la administración del convenio o contrato, tendrá ciertos incentivos al oportunismo.

Esto sería así porque en el caso que los “costos” asumidos por la administración sean pagados prioritariamente mientras que los resultados, de ser positivos, son compartidos por la participación en el proyecto; se crean incentivos para desplegar comportamientos oportunistas, especialmente si en el margen una unidad monetaria invertida en costos –supongamos para remunerarse a sí mismo como administrador o adquirir insumos y servicios a la casa matriz- genera una renta que se internaliza completamente y supera a los beneficios netos del proyecto ponderados por su participación. Lo anterior podría ocurrir en detrimento de su contraparte en el proyecto.

Como venezolanos, lo anterior constituiría un defecto de este tipo de esquema de negocios. Lo anterior no significa que un esquema alternativo como sería “participar” vía impuestos sobre la renta cobrada a empresas enteramente privadas no esté expuesta a problemas informacionales. Sin embargo, esquemas de subastas justamente intentan superar esta debilidad por parte del Estado/regulador, poniendo a competir por el mercado a las empresas privadas del sector.

Con seguridad la privatización constituiría una alternativa adicional que evita el problema recursivo de oportunismo en dichos esquemas de asociación.

El tema respecto a los modelos de negocio en el sector petrolero, así como respecto al papel del Estado en la economía en general tiene mucha tela que cortar en Venezuela. Lo destacable es que incluso para aquellos que devastaron el país, al menos respecto a ciertos temas económicos, el modelo del socialismo del siglo XXI les sirve poco para sus intereses actualmente.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela