#Análisis | ¿Qué han logrado las sanciones económicas en Venezuela?

Las sanciones internacionales contra individuos, entidades no nacionales, regímenes políticos y Estados nacionales tienen un largo historial por casi un siglo, desde que comenzaron a ser usadas como un recurso coercitivo para asegurar la paz, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de normas mínimas de convivencia internacional.

En su fórmula multilateral aparecen con el advenimiento de la Liga de las Naciones, en el artículo 16 de su pacto constitutivo. La carta de Naciones Unidas se refiere a ellas en el artículo 43 y concordantes. Hoy día son aplicadas además, y con frecuencia, por los Estados Unidos y la Unión Europea.

Las sanciones constituyen una fórmula idónea de presión para generar cambios de conducta en los afectados, cuando la vía diplomática no funciona y la intervención armada quiere ser evitada.

El gobierno de Venezuela y muchos de sus personeros vienen siendo sancionados por parte de varios gobiernos, pero en particular por los Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Hace escasamente unos días, por ejemplo, la Unión Europea a través de su Consejo decidió extender por un año (hasta noviembre de 2021), las sanciones contra el gobierno de Maduro, “a raíz de la continuada crisis política, económica, social y humanitaria”. En una breve nota oficial, el Consejo señaló que a esa situación se añaden “acciones persistentes contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos”.

Pero además aclaró en su comunicado que han sido “diseñadas para no dañar a la población venezolana”. Esto no deja de ser importante. Las restricciones de la UE se concentran en la prohibición de vender armas y de equipos que podrían utilizarse para represión interna. Así mismo comprende el embargo de activos que estén en bancos del bloque europeo para 36 individuos presuntamente responsables de “violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia” en el país.

Las sanciones norteamericanas, en contraste, han ido bastante más allá y desde agosto del año 2017 se han concentrado en el ámbito económico y financiero. El 24 de agosto de 2017, el presidente Trump abrió un camino por esta senda y emitió la Orden Ejecutiva 13808, que impuso sanciones financieras restringiendo el acceso del gobierno venezolano al sistema financiero de los Estados Unidos. Las prohibiciones abarcaron transacciones relacionadas con cualquier nueva deuda (bonos y acciones) emitidas por el Gobierno de Venezuela, con los pagos de dividendos u otras distribuciones al Gobierno de Venezuela y con la compra de valores del Gobierno de Venezuela.

A las sanciones financieras de EE.UU. han seguido muchas otras con alcances económicos insospechados y cuyo propósito, en teoría, es acorralar al gobierno de Nicolás Maduro para así generar un cambio de conducta que propicie la transición hacia un nuevo régimen político. En enero de 2019, vinieron las sanciones contra PDVSA, en abril de ese año las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y en agosto, un embargo económico general contra el gobierno de Maduro que afecta incluso a empresas no norteamericanas que pretendan establecer relaciones comerciales con el Estado venezolano.

Argumentar que estas sanciones económicas y financieras dirigidas contra el gobierno de Maduro no tienen efectos en la economía y calidad de vida de las familias, y en el funcionamiento de las empresas que hacen vida en Venezuela, es una estupidez. La economía es una compleja red de relaciones en la que participan todos los agentes institucionales, y las fallas que afectan cada nodo repercuten gravemente en todos los demás. Ciertamente Maduro y su nefasto gobierno dejaron, hace muchos años atrás, en total abandono al que en su momento fue el complejo refinador más grande del mundo, pero si no puede comprar combustible a los proveedores “naturales” internacionales, la escasez de gasolina y diesel deja sin transporte y distribución a las empresas productoras de alimentos y manufacturas, y sin combustible a la red eléctrica que depende de estos derivados. Hay decenas de ejemplos similares.

No se trata de argumentar tampoco que la catástrofe venezolana tiene sus raíces en las sanciones económicas. Tal disparate sólo podría ser esgrimido por Maduro y sus círculo de servidores para confundir a la opinión pública y evadir sus enormes responsabilidades. Al cierre del año 2017 cuando aún no se sentía el peso de las sanciones económicas, la economía venezolana acusaba una contracción de casi 40 puntos del PIB, estaba siendo estrangulada por una horrorosa escasez de alimentos y medicinas originada en el torniquete que Maduro le puso al país con el control de cambios y de las importaciones, e iba enrumbada a un proceso de hiperinflación que terminó arrasando con los ingresos de los venezolanos.

Las sanciones financieras y comerciales lo que a ciencia cierta sí han provocado es una rápida profundización de las crisis económica y social. Una forma de constatarlo es observando la velocidad con que ha venido cayendo la producción de crudo de Venezuela antes y después de las sanciones. En los doce meses anteriores a las sanciones, venía cayendo a razón de 10 mil barriles/día cada mes. Luego de las sanciones de agosto de 2017, y por los siguientes doce meses, la caída promedio mensual subió a 53 mil barriles, pero en los dos primeros meses que siguieron a las sanciones contra PDVSA, la producción cayó 130 mil y 240 mil barriles/día respectivamente. Con precios internacionales del crudo aplanados, y en el caso de Venezuela vendiendo con descuentos, vale la pena preguntarse sobre la huella que esta merma ha dejado en un país donde el 94% de las divisas dependían de los ingresos petroleros externos y donde el mayor contribuyente fiscal es el sector petrolero.

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