Análisis | Telecomunicaciones: un mercado en riesgo

Numerosos portales Web de noticias así como especializados en el sector telecomunicaciones destacan el deterioro acumulado de dicho sector en Venezuela, puesto en dramática evidencia en tiempos de pandemia y confinamiento, cuando la demanda de servicios audiovisuales, contenido y comunicaciones han exigido capacidad de infraestructura suficiente para transportar e intermediar datos, voz y contenido.

Las políticas publicas hacia sectores económicos en ocasiones no resultan triviales ni un fin en sí mismas, aún cuando efectivamente existe cierto consenso sobre la necesidad de un marco institucional mínimo que garantice y resguarde los incentivos adecuados para el despliegue de inversiones en infraestructura y el desarrollo de las actividades económicas.

En este sentido, los países deben ofrecer un marco institucional mínimo de resguardo de los derechos de propiedad y de garantías en el desarrollo de actividades económicas basadas en legítimo lucro.

Más allá, sectores económicos como el de telecomunicaciones que se basan en el desarrollo de actividades de innovación y desarrollo, así como en la inversiones en infraestructura, exige de las autoridades regulatorias ponderar y balancear los incentivos en favor de las acometidas en activos fijos y su desarrollo con la eventual preocupación de acceso a los servicios.

En la medida que se reduzcan los costos de desarrollo de la infraestructura y se incremente la competencia, las eficiencias podrían ser trasladadas a los consumidores finales y usuarios por medio de tarifas más bajas.

Asimismo, el sector telecomunicaciones hoy día desarrolla sus actividades en un entorno de prestación de servicios en convergencia, lo que tiende, eventualmente, a facilitar la oferta de distintos servicios desde audiovisual (televisión por suscripción), pasando por voz fija y banda ancha (Internet) en convergencia y en combo por parte de un mismo operador y proveedor de infraestructura.

Estos grandes operadores suelen competir entre sí -muchos de estos de capital foráneo-, y los usuarios pueden verlos como un One-Stop-Shop, ahorrando costos transaccionales por medio de “una única factura” (en la cual se suele discriminar o prestar detalle de los distintos  concepto de servicio prestado).

Adicionalmente, existen proveedores de servicios aguas abajo y de valor agregado que contratan capacidad a los proveedores verticalmente integrados de infraestructura, lo que imprime complejidad al desempeño y a la competencia en dichos mercados.

La importancia de los servicios de Tecnologías de la Información, TICs y las comunicaciones trasciende al sector en un mundo donde la interoperabilidad cada vez mayor entre un número significativo de bienes, productos y servicios con el internet y los datos ya resulta una realidad. Sin embargo, para ello se requiere una inversión adecuada de infraestructura y red de última generación.

Por ejemplo, ante la actual coyuntura de confinamiento, las plataformas prestadoras de servicios de meeting, las aplicaciones de voz sobre protocolo IP, las plataformas transaccionales y de e-commerce, así como los proveedores de contenido OTT requieren prestadoras de servicios de Internet, así como la infraestructura necesaria para que sus servicios puedan materializarse con la calidad mínima suficiente.

En Venezuela, los operadores tradicionales de telecomunicaciones han enfrentado un marco institucional y regulatorio de hecho donde ni siquiera la libertad tarifaria en la prestación de sus servicios ha sido garantizada por la actual gestión, aun cuando el régimen legal tarifario así lo define para aquellos servicios distintos a los básicos.

Un entorno como este, aunado a numerosos episodios de vandalismo contra la infraestructura pasiva y activa de los operadores, ha dificultado el mantenimiento y expansión de las telecomunicaciones.

Si bien a escala mundial la discusión apunta a cómo resguardar incentivos en favor del despliegue e inversión en infraestructura de última generación, lo cual ha llevado a expertos a cuestionar conceptos como la neutralidad de la red como un principio por sí mismo, en Venezuela ni siquiera se comprende y respeta la complejidad de dicho sector, así como una remuneración que permita mantener y realizar inversiones en infraestructura.

Los paradigmas regulatorios y de política pública han cambiado en este sector a lo largo de los últimos años. Hoy día no se discute que el consumidor con alta disponibilidad de pago por contenido y servicios de datos resulta corresponsable de la inversión requerida para intermediar o transportarlos, manteniendo los incentivos a la inversión y evitando eventuales abusos de posición dominante y cuellos de botellas hacia aquellos desarrolladores no integrados de servicios en mercados adyacentes de valor agregado.

En Venezuela se requiere desarrollar espacios donde la academia, los practitioners, las empresas, los consumidores puedan discutir y analizar el marco institucional, regulatorio, de políticas públicas y de competencia que garantice la recuperación y el desarrollo de los distintos sectores económicos, respetando sus caracterizaciones idiosincrásicas, tutelando generar bienestar a la sociedad. Esto representaría un verdadero inicio del cambio en Venezuela.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)