La oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela despojó de su inmunidad parlamentaria al diputado opositor Juan Pablo Guanipa y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a procesarlo por «traición a la patria».
Esa instancia, que rige con poderes absolutos y está integrada solamente por miembros del chavismo, aprobó unánimemente un acuerdo que «busca saciar la demanda de justicia» de los afectados por «guarimbas terroristas», como se refiere el oficialismo a las protestas contra el gobierno del socialista Nicolás Maduro.
«¡Aprobado!», afirmó la diputada Tania Díaz en medio de aplausos, aludiendo a la medida que ya fue aplicada a otros 15 diputados señalados de participar en un fallido levantamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril.
La decisión se produce luego de que Guanipa convocara a protestas el próximo jueves para denunciar la situación de Zulia (oeste), estado petrolero azotado por apagones de hasta 12 horas por día y escasez de combustible, agua y gas doméstico.
El chavismo también llamó a movilizaciones para ese día.
«A los guarimberos (…) que quieren volver a la violencia lo que les espera es la cárcel», amenazó Maduro este martes, sin mencionar a Guanipa.
Las manifestaciones por Zulia, previstas en varios estados, son respaldadas por el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países y a quien también le fue allanada su inmunidad en abril pasado.
«El régimen evidencia su temor a la movilización en las calles, a las convocatorias de este 24 de octubre en solidaridad con el Zulia (…). Arremeten contra Juan Pablo Guanipa por su liderazgo en defensa de los zulianos. Todo nuestro respaldo. Seguimos firmes», escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.
Pero según el miembro de la Constituyente José Luis Bermúdez, el levantamiento del fuero «no significa que automáticamente» Guanipa «va a ser aprendido», sino que «puede ser procesado en tribunales ordinarios» y podrá «defenderse».
Si bien en Venezuela el retiro de la inmunidad parlamentaria debe ser decidido por el Legislativo -único poder en manos de la oposición- la máxima corte, de línea oficialista, declara nulas todas sus actuaciones al acusar a la cámara de estar en «desacato».
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