ANC aprobó Ley Antibloqueo que se aplicará "preferentemente" sobre leyes y decretos

La Asamblea Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo, como era de esperarse, por unanimidad, la cual de acuerdo con sus proponentes es un mecanismo de defensa contra las «medidas coercitivas y unilaterales» de Estados Unidos y «otras amenazas», la cual estará vigente hasta que cesen los efectos de estas sanciones.

La ley tendrá carácter de aplicación preferente a las normas de carácter legal y sublegal que no se puedan ejecutar por los efectos de las sanciones. El presidente del parlamento gubernamental, Diosdado Cabello, enfatizó que esta norma no está por encima de la Constitución.

La ley intenta moderar formalmente la discrecionalidad en su aplicación, al ordenar que la ejecución preferente sea debidamente motivada, a los efectos de cumplir con prescripciones legales que facultan a la Contraloría General de la República para supervisar la acción pública. La vicepresidente Delcy Rodríguez tendrá el rol coordinador en la gestión de la norma.

En su resumen del capítulo II, el diputado y economista Jesús Faría dijo que la ley favorece la recuperación económica al crear las condiciones para que el país capte los capitales que necesita para hacer crecer la economía.

En un intento por hacer pasar una apertura eventual de las condiciones económicas como una medida ideológicamente potable para la sensibilidad revolucionaria recordó la Nueva Política Económica de Lenin, que abrió la economía soviética a los capitales internacionales al inicio de su régimen para superar la devastación que dejó la I Guerra Mundial. Igualmente, citó los ejemplos de China y Vietnam.

Faría dijo que atraer los capitales necesarios no es un acto contra el gobierno, sino que, todo lo contrario, no aplicar esta política sí pone en peligro el proceso revolucionario.

La norma consta de 44 artículos y crea un Centro Internacional de Inversión Productiva, cuyas funciones parecen ser de promoción de negocios en el país. El capítulo III crea un sistema de reserva controlada de las operaciones para «proteger» a los aliados y socios del gobierno de Nicolás Maduro en esta etapa.

La justificación de esta polémica norma de secreto administrativo es que el país está en «situación de guerra», por lo que hay que usar la «creatividad» para defender los activos de la república y lograr los ingresos que se necesitan para mantener el «sistema de protección social».

La constituyente Rosa León dijo que este «régimen transitorio de la reserva de la Confidencialidad de la divulgación limitada de la información por conveniencia nacional», «nos conviene, es nuestro deber y además es nuestro derecho (…) para defender lo que le conviene a la patria»..

León aseguró que todos los instrumentos jurídicos que el gobierno estadounidense ha utilizado en contra de la patria serán registrados como parte del sistema de protección. La Ley Antibloqueo establece la «prohibición del acceso y copia de información confidencial y reservada, medidas que establece la norma y cuyo incumplimiento acarreará sanciones para los funcionarios del estado.

El presidente de la comisión que redactó la versión final de la Ley, Hermann Escarrá Malavé, descartó, en respuesta a los «exquisitos» analistas constitucionales, que esta polémica norma sirva para privatizar las empresas públicas, especialmente a Pdvsa. La Constitución indicó el jurista no se puede desaplicar.

«No se va a entregar ni privatizar a Pdvsa (Petróleos de Venezuela). Sería un golpe contra nosotros mismos». Igualmente, enfatizó que «estamos en guerra, estamos en un conflicto grave. Solo señalé lo financiero, económico, no lo penal. No señalé los demás aspectos. Estamos en una guerra, pero también estamos en un proceso constituyente, y aunque no lo quieran, esta Asamblea Nacional Constituyente, le devolvió la paz» al país.

La ley señala que el destino de los recursos extraordinarios que esta ley pueda generar se dedicarán a los programas sociales y a fortalecer el salario de los trabajadores.

Entre las disposiciones de la Ley Antibloqueo se establece la posibilidad de establecer acuerdos de protección de inversiones y otras medidas económicas para fortalecer la «producción». Igualmente, faculta al ejecutivo a tomar todas las medidas para defender, reorganizar y reimpulsar a todos los activos empresariales del estado, tanto dentro como fuera de Venezuela.

«Recordemos que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe el texto de esta Ley constitucional, el Ejecutivo lo presentará ante el Consejo de Estado para que este organismo solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su opinión sobre la constitucionalidad de esta Ley Antibloqueo», explicó Diosdado cabello.