ANCE califica reciente aumento de ´burla´: poder de compra del salario ha caído 90% desde 2013

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) emitió un duro comunicado sobre el aumento del salario mínimo nacional a 10 millones de bolívares, incluyendo el cestaticket no imputable a prestaciones sociales. La institución calificó a la medida de «burla», porque «deja a los trabajadores al cuidado de la caridad privada o de las irregulares e incompletas bolsas de alimentación gubernamentales (CLAP), mecanismo que algunos analistas interpretan como una fórmula de control social de los sectores más pobres».

La Academia cuestiona el poder de compra del nuevo salario básico, ya que al momento de ser decretado era equivalente a solo 3 dólares estadounidenses, mientras el promedio del ingreso de subsistencia en el resto de América Latina se ubica en 200 dólares y, en el caso concreto de Chile, esta remuneración alcanza a 440 dólares.

Frente al promedio regional, el salario mínimo venezolano en divisas apenas representa 1,5% del total, aunque en bolívares es un incremento nominal de 177% frente al referente anterior.

«Los mecanismos de incremento salarial, como el examinado, son, además, intrínsecamente perversos, pues el gobierno de facto al carecer de medios de financiamiento–dado el colapso de la economía y la situación de default en que se encuentra la República–, termina recurriendo a la emisión monetaria propiciando una fuente endógena de alimentación inflacionaria que arruina aún más el poder adquisitivo del salario», indica el comunicado firmado por la presidenta de la Academia, la economista Sary Levy Carciente.

La ANCE ratifica su posición en torno a la necesidad de un programa de estabilización macroeconómica que permita conseguir ayuda financiera internacional urgente, por lo que también es indispensable proceder a una reestructuración de la deuda y adoptar medidas antiinflacionarias en un marco institucional y legal que favorezca la inversión nacional y foránea.

«La verdadera solidaridad con los trabajadores implica proceder, de inmediato, a rectificar el marco de políticas existentes para poder abatir, cuanto antes, la inflación. Cabe señalar que, desde abril de 2013, cuando Nicolás Maduro ocupó la presidencia, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo y del bono de alimentación se ha reducido en torno al 90%, según los índices de precio que publica el BCV», señala la institución.

En este sentido, la corporación explica que «la profundidad del colapso de la actividad económica, reducida a apenas la cuarta parte desde 2013, requiere de un significativo ingreso de recursos foráneos para poder librar el Estado del financiamiento monetario del déficit público, financiar las inversiones en infraestructura y en servicios, y empezar a rescatar, de manera sostenida, el poder adquisitivo de la población. De acometerse las acciones y reformas requeridas, el panorama económico resultante, contrario a la drástica contracción vista en los últimos 7 años, tendría un efecto expansivo, colocando a Venezuela en la senda de un crecimiento sostenido, acorde con su potencialidad».

El pronunciamiento cuestiona la manera «poco responsable» y la forma como se gestiona esta materia y, en general, la política económica, y se pone a la orden de las autoridades para «contribuir en sus capacidades en el diseño y formulación de las políticas que conformarían el programa requerido».