Ante las acciones de la Sundde, no solo los lusos requieren ayuda

La acción arbitraria del gobierno en contra de las cadenas de supermercados en Venezuela, manifiesta entre otras por la imposición de descuentos sin previo análisis ni el debido procedimiento administrativo donde se resguarde el derecho a la defensa, la propiedad y el Estado de Derecho, constituye ya una política pública de hecho, y no de derecho, recurrente dentro del modelo económico en Venezuela. Los derechos en Venezuela, especialmente los económicos y los de propiedad, constituyen una concesión graciosa del Estado.

Según informa el portal Banca y Negocios el lunes 08-01-2018, «representantes de la comunidad portuguesa en Venezuela pidieron ayuda al gobierno de su país ante las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los comercios de propiedad lusa, a los que obligó este fin de semana a vender a pérdida sus productos.»

El hecho cierto es que no sólo están siendo lesionados los legítimos derechos de los propietarios de los establecimientos comerciales a los que se les están imponiendo «sanciones» sin los previos y debidos procedimientos administrativos, sino adicionalmente el interés público, la eficiencia dinámica, los consumidores finales e incluso los trabajadores.

La «ayuda» que estarían solicitando los empresarios eventualmente afectados no se limita a ellos sino en favor del interés público lesionado por un modelo económico-político populista que restringe sus decisiones «regulatorias» al corto plazo y las basa en un esquema de «redistribución» expoliadora. El actual modelo económico implica imponer una sociedad suma cero en el corto plazo, y una lesión al colectivo al atentar contra la eficiencia dinámica en el mediano y largo plazo -ha existido el tiempo y la evidencia suficiente para validarlo-.

La intención de este autor es decir algo que ha repetido a lo largo de los últimos diez años pero sin éxito alguno. Nuestra intención es que se comprenda la necesidad de construir y manejar argumentos técnicos económicos-regulatorios de defensa y denuncia, y que se tomen acciones respecto a la arbitrariedad regulatoria actual. En esta oportunidad empezaremos por el final: independientemente de la instancia a la que se recurra para exponer la violación de derechos -entre otros los económicos y humanos- serán los argumentos y las evidencias las que por un lado llevarán la razón que los asiste ante las instancias a las que se recurra, y segundo, para desnudar si ha habido arbitrariedad, falta de argumentos oficiales objetivos y robustos, falsos positivos, violación del debido proceso, violación y desconocimiento de la normativa venezolana; se requiere de una estrategia de defensa argumentada que exponga la verdad, los hechos, los argumentos y la evidencia (lo anterior facilitará demostrar que las acciones públicas regulatorias resultan politizadas y no basadas en la justicia y en el tutelaje del interés publico, desnudando su arbitrariedad).

Lo anterior es válido independientemente que usted quiera llevar adelante las siguientes acciones, o tengan lugar las situaciones que a continuación se indican (inclusivas entre sí):

1.- Denunciar ante distintas instancias internacionales la violación de sus derechos ante vías de hecho y demás acciones nulas, ilegales y arbitrarias en materia regulatoria en Venezuela.

2.- Iniciar acciones tendientes a recibir compensaciones por las eventuales lesiones y daños derivados de las precitadas acciones regulatorias de los entes y órganos administrativos venezolanos.

3.- Defender la honorabilidad de las personas y el valor de la marca de los comercios al probar que las vías de hecho de los entes y órganos regulatorios no solo violan el debido proceso, sino que no se encuentran fundamentadas ni en el tutelaje del interés público económico, ni en los supuestos de hechos normativos alusivos a los ilícitos eventualmente establecidos.

4.- Crear un “expediente” en Venezuela ante las acciones arbitrarias y violatorias por parte del regulador, independientemente que se tenga o no confianza en la administración de justicia en el país, de manera de dejar todo sentado para el futuro.

5.- Los gremios sectoriales y cúpulas finalmente decidan iniciar una labor fundamentada de defensa de los derechos de propiedad y la empresa privada por medio del análisis económico de las acciones públicas y regulatorias y sus eventuales efectos perniciosos.

6.- Las instancias privadas o la sociedad civil tomen la decisión de informar a la sociedad venezolana sobre el riesgo y los costos de acciones administrativas y regulatorias arbitrarias que lejos de beneficiarlos -especialmente al consumidor final- terminan lesionando a la sociedad en su conjunto.

7.- La oposición venezolana decida desnudar el enorme costo de oportunidad país que implica el actual modelo económico-regulatorio y si desee proponer uno alternativo.

Independientemente de la instancia a la que se recurra y del sujeto que lleve adelante la iniciativa, los argumentos de defensa y denuncia en casos de acciones administrativas-regulatorias como las tomadas por la Sundde o el Ejecutivo Nacional en materia económica y comercial, deben ser el resultado de análisis especializados, consistentes en análisis, razonamientos, construcciones de test económicos-jurídicos, propios de la Economía Regulatoria.

Con esto queremos decir que independientemente de que la instancia a la que recurra sea administrativa o judicial, política/nacional o internacional, si bien la defensa y argumentos del caso será inicialmente presentada por abogados, la construcción y la elaboración de dichos argumentos de defensa y denuncia son propios de la Economía Regulatoria. En consecuencia, para la elaboración de su estrategia de defensa y denuncia, de sus argumentos y evidencias respectivas, requerirá de verdaderos especialistas en la materia de regulación económica, siendo que esta sugerencia aplica igualmente a aquellos profesionales para los que sus códigos deontológicos los obliga a garantizar los mejores medios a sus representados.

Así las cosas, Venezuela toda requiere ayuda para que todos entendamos el enorme costo de un modelo populista autoritario, especialmente en un tema tan sufrido como el económico. Debemos valorar y reconocer la necesidad imperiosa de una cultura regulatoria, de instancias de contrapeso y evaluación regulatoria que impliquen análisis costos-beneficios, análisis del impacto regulatorio y análisis económico del derecho, de forma de poder advertir a la sociedad sobre el enorme riesgo y los costos derivados de acciones públicas-regulatorias, entre otras, como las adelantadas por la Sundde contra los automercados iniciando este 2018. De igual manera las empresas y sus gremios, sectoriales y cúpulas, deberían contar con departamentos especializados de análisis regulatorio para poder defender sus legítimos intereses.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.