Anulación de subasta de divisas exhibe otra cara de la crisis

La crisis económica en el país ha dejado ver una nueva cara después de que el Banco Central anunciara la anulación de la subasta de divisas por no poder liquidar los montos, una decisión que deja en el aire a más de 17.000 personas naturales y jurídicas que invirtieron en ese sistema.

En esta puja, convocada el 29 de agosto con asignación anunciada dos días después, se debían adjudicar 22,73 millones de dólares, 18,1 millones para 233 personas jurídicas y el resto para 16.955 personas naturales a una tasa de cambio de 11.500 bolívares por dólar.

Sin embargo, los potenciales beneficiados en esta decimoquinta subasta del sistema controlado por el Estado conocido como DICOM, no recibieron ni los dólares ni les han sido devueltos los bolívares que invirtieron en esta compra y que, en casi tres meses, se han ido haciendo polvo víctimas de la hiperinflación que hoy sufre el país.

En el comunicado del BCV -que lleva desde agosto sin adjudicar divisas a compradores privados- se atribuye al «ilegal bloqueo impuesto de manera injustificada y soberbia por el gobierno de Estados Unidos al pueblo venezolano» la culpa de la anulación de este proceso.

El BCV asegura en este escrito que estas sanciones que aprobó el Gobierno de Donald Trump en agosto pasado que prohíben a estadounidenses negociar con deuda nueva y capital emitidos por el Gobierno de Venezuela «distorsionan» el sistema cambiario del país.

El texto indica además que esta situación produce, entre otras consecuencias, «la imposibilidad de liquidar a favor de las personas naturales y jurídicas que resultaron adjudicadas en la subasta» un escenario que -según este argumento- se agravará, pues a principios de este mes Estados Unidos impuso nuevas sanciones.

Sin embargo, el Parlamento asegura que todos los argumentos del Gobierno de Nicolás Maduro son falsos y que el Estado sí cuenta con las divisas, pero prefiere pagarlas «a la banca internacional».

La AN ha denunciado el mal manejo de las divisas por parte del Gobierno, y esta semana solicitó al BCV y al Ejecutivo que eliminen «el actual régimen cambiario», en el que el Estado tiene el monopolio, para permitir que se incentive la inversión petrolera y se detenga la escalada del dólar en el mercado negro.

La oposición también criticó las intervenciones «en nombre del socialismo» de la empresa privada, y la «politización» y «desinversión generalizada» que habrían llevado a la «destrucción» de la producción de crudo y obligado a importar productos «que en el pasado eran excedentarios» como la gasolina y petróleo liviano.

Ante esta situación, los comerciantes atribuyen los altísimos e impagables precios de sus productos al hecho de que deben recurrir al mercado paralelo ilegal de divisas que se ha disparado de forma astronómica.

En Venezuela tanto los alimentos como los productos de limpieza e higiene personal han vuelto a aparecer en los anaqueles de muchos comercios después de haber pasado varios meses desaparecidos, aunque a precios tan altos que son inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

Según Ecoanalítica, a partir de 2015 comenzó en Venezuela un aumento del uso del mercado paralelo, una vía por la que se financia el 54 % del total de las importaciones privadas.

Todo esto es una arista más de la crisis en la que se encuentra sumergido el país, que en octubre pasado entró en hiperinflación al registrar por primera vez en su historia un índice de precios de más de 50 % por mes.

Los economistas coinciden en que ya no es posible lograr un equilibrio de los precios sin que se haga un cambio estructural de modelo económico, aunque el oficialismo insiste en que la crisis en la que está sumergido el país es culpa exclusiva de la «guerra económica» que están llevando a cabo empresarios y opositores para desestabilizar al Gobierno.

Lo cierto es que las sanciones financieras de Estados Unidos podrían entorpecer aún más el ya complicado acceso del país a nuevas líneas de financiación internacional.

En medio de este escenario, una asociación internacional del mercado de derivados financieros dijo recientemente que Venezuela y la petrolera estatal PDVSA incurrieron en «default» al registrar retrasos en el pago de algunos de sus bonos, lo que abre el camino para reclamar seguros de impago de deuda.

Las dificultades parecen avanzar en el país pese a que Rusia le dio un modesto espaldarazo al Gobierno con la reciente firma de un acuerdo de reestructuración de 3.000 millones de deuda que le permitirá pagar cantidades mínimas hasta 2026.