Aprobada ley que impone prisión de entre 25 y 30 años para el apoyo y promoción de sanciones extranjeras
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada por la AN, también prevé inhabilitación de 60 años para quienes participen de cualquier forma en la imposición de sanciones, así como multas millonarias.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y autoridades del Estado.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela‘, deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor.
El instrumento legal incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local -bolívares- y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.
Sanciones a medios de comunicación
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiera más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Este nuevo marco legal también define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que «simulen» representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos Gobiernos.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo «presunción fundada» de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una «extinción de dominio» para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.
Lea más contenido interesante y de actualidad:
Autoridades de Aruba estarían «finalizando trámites para la reapertura» de la frontera aérea con Venezuela
Putin amenaza con atacar capital ucraniana con su nuevo misil nuclear hipersónico
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
