Argentina: Salida del Grupo de Lima no es un apoyo a Maduro

El canciller argentino, Felipe Solá, justificó este jueves la salida de Argentina del Grupo de Lima como una formalidad y descartó que se trate de un apoyo a Nicolás Maduro o que pueda afectar la relación con Estados Unidos y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó Solá en entrevistas a varios medios argentinos, la salida del Grupo de Lima -creado en 2017 para tratar la situación de Venezuela y formado por una docena de países de América- se trató «solamente de formalizar lo que venía ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2019», cuando asumió el presidente Alberto Fernández, porque Argentina no participaba de las reuniones ni ha «firmado nunca una declaración» del grupo.

En tanto, consideró «más importante» que el país pertenece desde noviembre pasado al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC), integrado por la Unión Europea (UE) y países de América Latina, que «es más sutil y global», y también la pertenencia a la CELAC y al Mercosur.

Consideró que el Grupo de Lima «tiene un nivel de dogmatismo mucho mayor», donde se considera que el tema Venezuela es el único que une a los países de la región y deja afuera otros temas, y «no avanzó nunca nada» en términos de cambiar la situación para que el pueblo venezolano deje de sufrir o tenga una situación democrática más sólida. En cambio, en el GIC «hay un debate sobre cuáles son las mejores metodologías».

– ¿Apoyo a Maduro? – 

Solá negó que la decisión implique un apoyo al gobierno de Maduro: «Es una mala interpretación», dijo.

«¿Es un gran guiño a Chávez? No. Soportamos los insultos de (Diosdado) Cabello permanentemente. Tampoco hemos visto demasiada intención del Gobierno de Maduro de cambiar las cosas nunca. No es lo mismo el Gobierno de Chávez que el de Maduro», señaló a Radio con Vos.

En tanto, dijo que mantendrá la postura de apoyar los informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

«Tenemos una vara alta en derechos humanos y esa vara hemos decidido que sea la que pone la alta comisionada», dijo Solá, quien recordó que el país sigue sus informes y que además de apoyar el de octubre pasado sobre Venezuela apoyó el de Nicaragua hace 48 horas.

Y señaló que en Ginebra el país ha «pedido la palabra para decir que no significa apoyar los bloqueos económicos que se imponen a los pueblos».

Para Venezuela, Solá dijo que imagina «una salida con tres actores», donde las elecciones «sean controladas internacionalmente» y «legitimadas con la oposición importante presente».

«Tampoco hemos visto demasiada intención del gobierno de Maduro de cambiar las cosas nunca», dijo Solá.

– Explicación a EE.UU. –

El canciller reconoció que la embajada argentina en Washington recibió ayer una «consulta informal» del Departamento de Estado estadounidense sobre la decisión argentina.

«Le hemos informado que no hay cambio respecto de nuestra posición en Venezuela y menos aún en nuestra relación con Estados Unidos», dijo Solá, y recordó que aún tiene pendiente conversar con el secretario de Estado, Antony Blinken.

Negó que la decisión puede afectar la renegociación del crédito de 44.000 millones de dólares que realiza Argentina con el FMI, donde Estados Unidos es el principal accionista.

En el país se cuestionó que la decisión se tomara mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Washington conversando con directivos de FMI sobre un nuevo programa para refinanciar ese préstamo.

«No veo la relación con el FMI», contestó, para recalcar: «no hemos modificado nuestra actitud hacia Estados Unidos».

En tanto, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ayer una renegociación de mayor plazo del crédito y menor tasas de interés porque el país «no tiene la plata para pagar».

«La negociación con el FMI es muy dificultosa y estamos tratando de conseguir aire», dijo Solá, y reafirmó la denuncia de la administración de Fernández de que el crédito fue otorgado en 2018 con el aval de la administración Trump para favorecer la reelección del ex presiente Mauricio Macri (2015-2019).