Argentina y acreedores necesitarían una quinta prórroga del plazo para reestructurar deuda

Argentina y sus acreedores siguen sin llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda externa en la víspera de que venza un nuevo plazo de las negociaciones, después de que el Gobierno rechazara ajustes propuestos por los bonistas y de que uno de los grupos de inversores amenazara con emprender acciones legales tras «el fracaso» de las conversaciones.

«Con la propuesta más reciente se le ha ofrecido a Argentina una oferta de reestructuración de deuda integral y sostenible por parte de los mismos inversores que apoyarían al país en las próximas décadas. El Gobierno ha decidido alejarse de esa solución», expresó el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos soberanos argentinos, que se considera «por mucho el mayor grupo acreedor de Argentina».

Este viernes 19 de junio vencerá la cuarta prórroga dispuesta para que los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, por un valor total de 66.238 millones de dólares, acepten la propuesta de canje que el equipo económico de Alberto Fernández formalizó el 21 de abril pasado, que desde entonces ha sido mejorada en dos ocasiones.

Sin embargo, todo apunta a que el plazo volverá a alargarse por no haber llegado aún a buen puerto las conversaciones.

– Ajustes «no razonables» –

En la noche de este miércoles 17, luego de que vencieran los acuerdos de confidencialidad y no se renovaran, el Ministerio de Economía lanzó un comunicado en el que señalaba que entregó a los inversores una propuesta a la que respondieron «proponiendo ajustes» con los que Argentina «no puede comprometerse de manera razonable».

«Algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el Fondo Monetario Internacional», señaló la cartera económica de Argentina, país que cumple dos años en una grave recesión.

En las últimas semanas, tanto el propio presidente como el ministro Martín Guzmán habían destacado el acercamiento de posturas entre las partes y la voluntad para llegar a un acuerdo, que permitiría despejar el camino y no caer en un nuevo cese de pagos, como el que ya está el país desde que a finales de mayo no pagó 500 millones de dólares de intereses por tres títulos en discusión.

«Vamos a pagar en la medida de lo que podamos y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos. Ni un milímetro más y en eso soy inflexible, porque conozco también cómo están las finanzas del mundo y no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen», expresó el jueves Fernández en una entrevista en Telefe.

«Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores, y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende», remarcó.

– La posición de uno de los principales grupos –

El Grupo Ad Hoc, uno de los tres mayores conglomerados de acreedores, afirmó que a pesar de que ha hecho «todo lo posible para llegar a un acuerdo viable», las autoridades argentinas «han optado por profundizar innecesariamente el deterioro económico actual» al rechazar una propuesta que aseguran busca «una solución sensata y sostenible al problema de la deuda».

«Esto es a pesar de que presentamos una nueva propuesta que incluye mejoras significativas que se centraron en aumentar el alivio del flujo de efectivo que el presidente Fernández ha dicho que es una prioridad para navegar los desafíos inmediatos que enfrenta su país, al mismo tiempo que garantiza la sostenibilidad de la deuda a largo plazo», agrega el comunicado difundido.

La propuesta contiene una combinación de cupones «particularmente bajos» y extensiones de vencimiento que ofrecen un «alivio» al país equivalente al 90% de los pagos contractuales, con reducciones de cupones en promedio de 42%, tasas al 3,6 % promedio y una extensión de vencimientos en promedio de 12,7 años, sin pago de amortización hasta la segunda mitad de 2025.

«Dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo», concluye el comunicado, en el que se lamenta que las autoridades han elegido permanecer en «incumplimiento de pagos (default)».

– La postura argentina –

La propuesta lanzada por Argentina a finales de abril indicaba que el país empezaría a pagar la deuda a reestructurar en 2023, tendría una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62 %.

Hace dos semanas, tras no haber logrado el mínimo de adhesión necesario entre los acreedores, el ministerio informó que reducía a dos años el período de gracia, mantenía similares tasas de interés para los nuevos bonos y acortaba levemente la duración de los nuevos títulos canjeados.

La segunda mejora especificada este jueves, que ofrece canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por otros en dólares y euros con vencimiento entre 2030 y 2046, rebaja un año más el período de gracia, sin apenas quita de capital (3 % en los bonos de menor duración).

«Estamos haciendo un enorme trabajo con Martín para tratar de acercar posiciones. Ojalá podamos acercarlas y si no quieren acercarlas ya no depende de mí», señaló el presidente.

– Tiempo para negociar –

Fernández recordó que en 2005, cuando era jefe del Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner (2003-2007), las conversaciones para sacar al país del cese de pagos en el que estaba desde 2001 duraron un año.

«Como yo no creo que el ‘default’ sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores, pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar», sentenció.

Asimismo, remarcó que él no es «el presidente del ‘default'», sino que es el que le precedió, en alusión a Mauricio Macri (2015-2019), en cuyo Gobierno, en agosto pasado y en medio de severas tensiones financieras, se aplazó el pago de títulos de corto plazo y se anunció una negociación para extender vencimientos de deudas de medio y largo plazo con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional.