#Análisis | La "armonización" tributaria puede ser "conflictiva y desequilibrada", dicen expertos
Ramón Guillermo Aveledo y la abogada Mariela Campos Villalba analizaron la Ley de Armonización Tributaria y hallaron graves fallas en el texto que pueden afectar negativamente su aplicación.
De acuerdo con los resultados del seguimiento objetivo del texto legal que fue sancionado por Asamblea Nacional en agosto pasado, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios contiene disposiciones reñidas con la Constitución y leyes, que contrarían la esencia del Estado Federal descentralizado.
Con el compromiso de seguir ofreciendo visiones reflexivas sobre temas de interés nacional, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro realizó el foro-conferencia «Ley de Armonización Tributaria, ¿Qué es?», en el que la abogada y profesora de la UCAB Mariana Campos Villalba, presentó un análisis del nuevo texto legal.
El instrumento legislativo, publicado en Gaceta Oficial N°. 6.755 extraordinaria, del 10 de agosto de 2023, tiene por objeto la armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios con parámetros.
Establece limitaciones, tasas impositivas y alícuotas aplicables, pero no recoge la concertación ordenada de las competencias que exige el Estado federal descentralizado, expresó el presidente del Instituto, Ramón Guillermo Aveledo.
“Nuestro Estado Federal descentralizado necesita ser ordenado de arriba a abajo. No puede ser el equivalente político-constitucional del tráfico de la capital”, dijo Aveledo.
Ramón Guillermo Aveledo (IEPFT): «Nuestro Estado Federal descentralizado no puede ser el equivalente político-constitucional del tráfico de la capital, donde todos circulamos como queremos o podemos».
Armonización sin equilibrio
Aveledo explicó que el interés por el tema de la armonización tributaria se basa en los lineamientos que fija la Constitución del Estado Federal descentralizado.
Una vía conveniente, dijo, para acercar el poder de decisión y los recursos a los ciudadanos, a fin de buscar soluciones a sus necesidades, sobre todo en un país con las dimensiones, características y problemas reales.
Por ello, al conocerse el proyecto de ley de Armonización Tributaria en la Asamblea Nacional, se le hizo seguimiento a “su veloz y poco transparente trámite parlamentario”.
Y al sancionarse la norma, se realizó el estudio “objetivo en sus implicaciones constitucionales, administrativas y prácticas” para darlo a conocer a las autoridades del poder municipal y también a dirigentes políticos y sociales.
“Un análisis objetivo y constructivo que intenta ver sus dificultades y también sus posibilidades, porque no se trata de que la ley nos sirva de burladera, para decir ‘caramba, no podemos hacer nada porque existe la ley”, señaló.
Aveledo consideró lógica la pretendida armonización ante una economía “reducida a un quinto de lo que era en 2013”, debilitada por servicios deficientes, y presionada por las cargas tributarias sin que empleadores y empleados tengan acceso al crédito. Y también ante la preciaría situación de los municipios por la inflación y la devaluación.
“Pero sobre todo debe ser equilibrio”, dijo. Si una ley busca armonizar, no lo logra siendo discordante, conflictiva, desequilibrada. Y el nuestro es un federalismo cooperativo, advirtió.
“Nuestro Estado Federal descentralizado no puede ser el equivalente político-constitucional del tráfico de la capital, donde todos circulamos como queremos o podemos, por vías defectuosas, mal iluminadas, donde la señalización es vinculante, con semáforos dañados y con autoridades que, como transeúntes, se sienten por encima de las reglas con la ayuda de sus escoltas, y como vigilantes oscilan entre la ausencia y el abuso o la ‘matraca’ policial. Debe ponerse orden y dirección a los fines y objetivos de la Constitución”.
Mariana Campos Villalba (Abogada): «Esta Ley no es realmente armonización, sino una obligación que impone el poder nacional sobre el poder estatal y municipal, que es el que tiene la competencia real».
Algunos resultados de la investigación
La abogada Mariana Campos Villalba, asesora parlamentaria y directora del Centro de Innovación Democrática, expuso sus observaciones sobre el impacto constitucional, tributario, social, y legal, derivadas de la investigación sobre la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.
Luego de explicar las características del Estado Federal descentralizado, contemplado en la Constitución vigente, abordó las competencias asignadas de manera genérica al Estado, así como a los estados y municipios en materia de tributos.
Señaló que el nombre “armonización” que tiene la Ley “parece tan bonito, pero no es realmente armonización, sino una obligación que impone el poder nacional sobre el poder estatal y municipal, que es el que tiene la competencia real”.
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Seguidamente, mencionó los aspectos generales de la ley y como afecta al legislador y los gobiernos locales.
Entre estos, destacó el principio de legalidad y proporcionalidad de los tributos.
“Esta ley, en los artículos 8 y 10, establece el principio de la reserva legal lo cual es falso, pues la Constitución prevé que el principio de legalidad tributaria y dice que es competencia de los estados la sanción de leyes estadales y ordenanzas municipales destinadas al cobro del impuesto o tasa por contribución especial”, indica la jurista.
Refirió que la autonomía estatal tributaria y la autonomía municipal tributaria están previstas en los artículos 164 y 167; 179 y 180 de la Constitución, respectivamente, los cuales están relacionados con la recaudación y control, “y son conceptos que no pueden ser violados por una ley nacional aduciendo una supuesta armonización tributaria”.
¿Un «refrito» legal?
También comentó el tema de la tecnología que precisa la ley de Armonización Tributaria en el artículo 24, en cuanto a sistemas de recaudación e información, y aseveró que “la Constitución no establece un sistema de coordinación o de jerarquía entre la Hacienda nacional y la de los estados y municipios”.
Además, indicó que el aspecto de la tecnología en la Ley es uno de los que ya está regulado en leyes anteriores. “Hay muchas leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, que no son conocidas por los ciudadanos o no son efectivamente aplicadas, que son objeto de reproducción constante y son incluidas en nuevas leyes».
«En este caso, por ejemplo, las normas de esta ley ya estaban en La ley de Infogobierno que no es nueva para nosotros, aunque no todos los estados y municipios pueden cumplir con esta norma por las restricciones tecnológicas”, puntualizó Campos Villalba.
Otro de las normas repetidas en la Ley de Armonización Tributaria es la relacionada con el cobro y cálculo de tributos.
La nueva Ley dice que todos los pagos deben hacerse en bolívares, lo cual ya está establecido por el Banco Central de Venezuela “aunque en una ocasión se exigió pagar en petros y no era factible”, recordó. También la ley establece la simplificación de trámites y eso ya estaba regulado en Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, agregó.
Dificultades con los tipos de cambio
Una de las observaciones resaltantes para los ciudadanos que citó Campos Villalba es que “se hace una réplica de la disposición del BCV”, de septiembre pasado, la cual establece los tipos de cambio. Y, entre estos, la libra esterlina es la de mayor valor (41,57 bolívares a la fecha) y la referencia en Venezuela para el cálculo de tributos y sanciones.
“Esto obliga a revisar constantemente al BCV para conocer los precios de las diferentes monedas, pero la Ley remite al Código Orgánico Tributario para conocer sobre los tipos de cambio, y es complicado para los ciudadanos que no están familiarizados con las leyes de la materia; se les hará cuesta arriba”.
Señaló a la norma de Actividades Económicas como uno de los impuestos locales que más preocupa a los estados y municipios, debido a que representa una de las mayores cargas impositivas.
La Ley de Armonización Tributaria dice que no será superior al 3%, pero no establece si para calcular el tipo impositivo se debe tomar en cuenta el ingreso bruto o el ingreso medio. “Esto hay que considerarlo en la Ley”, acotó.
Y además comentó que el monto es altísimo. “Quiere decir que el mínimo tributo no podrá ser mayor de 240 libras, lo que es equivalente a 9.976,80 bolívares o 240 dólares”.
La vigencia de licencias es uno de los aspectos preocupantes, indicó. “Fija una vigencia mínima de 3 años contados a partir de su emisión y limita la competencia, pues no podrán competir, de manera sana, con otros estados y municipios”.
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