El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este martes 25 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las sanciones económicas de Estados Unidos, que calificó de «armas de destrucción masiva».
«Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como arma para la coerción política (…) es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva», dijo el ministro en Ginebra.
Estados Unidos aplica una batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para forzarlo a abandonar el poder. Washington respalda al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países.
«Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente toda la gama de derechos humanos», aseguró Arreaza en su discurso.
También afirmó que el propio Maduro «pidió colaboración al sistema de Naciones Unidas para generar una política para romper el bloqueo utilizando el petróleo de Venezuela. Sin embargo, al respecto, poco o más bien nada ha hecho Naciones Unidas».
En febrero, Venezuela acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos.
La institución tendrá ahora que decidir si abre un examen preliminar, al que podría seguirle una investigación formal.
«Venezuela acude, sí, a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional», dijo Arreaza, y aseguró que «ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana».
Venezuela vive una profunda crisis económica, agravada desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de 4,8 millones de personas del país, según cifras de la ONU.
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