Asamblea Nacional sesiona y desconoce que Constituyente asuma sus funciones

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, sesionaba este sábado luego de que la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro asumiera sus competencias, una decisión que el Legislativo desconoce y que provocó fuerte rechazo internacional.

«Esa fraudulenta decisión es nula, esa Constituyente es nula. Van a tener a esta Asamblea Nacional con mayor firmeza impidiendo cualquier violación a la Constitución», dijo el vicepresidente parlamentario, Freddy Guevara, en rueda de prensa antes de la sesión, que arrancó al mediodía.

Según el diputado, el principal objetivo de la Constituyente al asumir las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento) es aprobar contratos y obtener financiamientos de otros países, en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, agravada por la caída de los precios del petróleo, fuente de 96% de sus divisas.

«No avalaremos contratos que violen la Constitución», advirtió Guevara. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, declaró en «desacato» al Parlamento y anula todas sus decisiones.

El líder opositor, Henrique Capriles, pidió a la Organización de Estados Americanos y «demás instancias internacionales (…) asumir que en Venezuela hay un autogolpe continuado».

Por su parte, el poderoso constituyente chavista, Diosdado Cabello, negó que se haya disuelto el Parlamento, al anotar que «convoca sesiones donde siempre lo ha hecho».

El viernes la Asamblea Constituyente, que rige Venezuela con poderes absolutos, acordó por unanimidad asumir las competencias del Parlamento para legislar en materia de seguridad, soberanía, economía, finanzas, bienes del Estado y otros aspectos.

«El mundo con la Asamblea»

A la sesión de este sábado acudieron un puñado de representantes del cuerpo diplomático, a invitación de los diputados opositores.

Asistieron representantes de la Unión Europea, Guatemala, Brasil, Japón, Chile, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Argentina, Francia, España, Reino Unido, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México y Perú.

«El mundo con el pueblo y con la Asamblea (…). Hoy tomaremos varias decisiones importantes, abrir una investigación a todas las personas que están usurpando funciones, e impulsar la presión internacional en apoyo a la democracia», dijo Guevara.

La decisión de la Constituyente generó un fuerte rechazo internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la consideró «ilegítima e inconstitucional» y pidió con urgencia una reunión especial del organismo.

El llamado grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú- expresó en una nota su «enérgica condena» a la decisión de la Constituyente de «usurpar las competencias» del Parlamento.

Nueve jefes parlamentarios de esos países calificaron la decisión como una «ruptura de la democracia». El Mercosur, Estados Unidos, España y Reino Unido también se unieron al rechazo.

«Todos los desmanes que ellos (los opositores) hacen en Venezuela pretenden suplirlos con la histeria internacional de los poderes fácticos mediáticos», respondió la presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.

Un «cierre técnico»

Mientras la Constituyente tomó su polémica decisión, la rebelde exfiscal general, Luisa Ortega, llegó a Bogotá burlando la prohibición de salir del país, acompañada de su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos chavistas disidentes.

El nuevo fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Ferrer, al que el oficialismo acusa de formar parte de una «red de extorsión».

La Constituyente, cuya primera decisión al instalarse hace dos semanas fue destituir a Ortega, le retiró al diputado su inmunidad parlamentaria y TSJ, la máxima corte del país, ordenó su captura.

Antes de que se confirmara su llegada a Bogotá, Ortega participó en una cumbre de fiscales en Puebla, México, a través de un audio en el que vinculó a Maduro con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La exfiscal se separó de Maduro a finales de marzo luego de calificar de «ruptura del orden constitucional» decisiones con las que el TSJ despojó de competencias al Parlamento. Tras una dura condena internacional, esas decisiones se revirtieron.

El politólogo Luis Salamanca afirmó que «era esperable» que la Constituyente asumiera las competencias del Parlamento, aunque el oficialismo no se atreviera a declarar su «clausura definitiva».

«Sería un acto dictatorial crudo y duro. Lo que ocurrió es un cierre técnico de la Asamblea. El gobierno ha usurpado la soberanía popular, liquida la democracia», dijo.